Santo Domingo. – El Secretario de Seguridad Social del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Winston Santos, expresó su profunda preocupación ante la reciente aprobación por parte del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) del uso de RD$6,000 millones del Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL) para cubrir el déficit del Seguro Nacional de Salud (SENASA).
"Esta medida plantea serios cuestionamientos en materia de gobernanza fiscal, planificación presupuestaria y responsabilidad institucional. La decisión se tomó amparada en un informe técnico actuarial de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), que también sugiere destinar otros RD$5,000 millones para el régimen contributivo y RD$1,500 millones para subsidios por enfermedad común, maternidad y lactancia", afirmó el también exministro de Trabajo mediante un comunicado.
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Asimismo el dirigente del PLD afirmó que "si bien reconocen la necesidad de garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de salud, la transferencia de 5 mil millones al régimen contributivo muestra la falta de criterio con que se ha estado manejando la cuenta relacionada con el cuidado de la salud de las personas"
En ese sentido, planteó varios puntos críticos.
Primero, exigió una auditoría pública inmediata sobre los ingresos y egresos del IDOPPRIL, incluidos los fondos que ahora se redireccionan, para conocer el origen y la disponibilidad real de los recursos. Segundo, reclaman un control y fiscalización efectiva del uso de estos recursos.
Aunque se instruyó a la Comisión Permanente de Presupuesto, Finanzas e Inversiones dar seguimiento y presentar informes al pleno del CNSS, consideran vital que estos informes sean públicos y accesibles para la ciudadanía.
Además, instó Winston Santos que la Cámara de Diputados ejerza su rol de control político convocando a comparecer a los responsables de SISALRIL, CNSS e IDOPPRIL para que den una explicación.
En tercer lugar, destacó la responsabilidad institucional frente a la corrupción, ya que el recurso destinado se presenta como respuesta a denuncias de actos de corrupción en la administración de los recursos de la ARS estatal.
Por ello, exigió: "que las investigaciones sobre la red corrupta que operó en SENASA, que involucraría funcionarios, exfuncionarios, médicos, familiares y allegados del director, sean completas, transparentes, con publicación de resultados y sanciones ejemplares".
En cuanto a la protección de los usuarios de SENASA, consideró inadmisible que "mientras se resuelven estos déficits, los más de 7.5 millones de afiliados, que representan el 71.2% del mercado de ARS estatal, queden en situación de vulnerabilidad".
Por ello, demandó que no se reduzcan servicios, protocolos de atención, autorizaciones médicas ni entregas de medicamentos, pues una solución técnica no puede ser a costa de la salud de la población.
"Este uso extraordinario de fondos del IDOPPRIL, aunque necesario en apariencia, no puede operar en la opacidad. De no existir una supervisión clara, auditorías públicas y sanciones efectivas, se profundiza la desconfianza ciudadana en las instituciones y se compromete el derecho fundamental a la salud", expresó Santos en el documento.
Por ello, solicitó a las autoridades competentes adoptar medidas inmediatas como una auditoría pública integral al destino de los RD$6,000 millones del IDOPPRIL a SENASA, un informe público de seguimiento de la Comisión de Finanzas, avances en las investigaciones penales y administrativas sobre los responsables de la corrupción denunciada, y un amparo efectivo a los afiliados de SENASA que asegure la continuidad en los servicios.
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