Piden al Tribunal Constitucional anular 27 disposiciones legales por presuntas violaciones a derechos fundamentales

Santo Domingo.- El abogado y catedrático José Manuel Jerez depositó ante el Tribunal Constitucional 27 acciones directas de inconstitucionalidad contra disposiciones contenidas en el Código Civil, el Código Penal, el Código de Trabajo y varias leyes especiales, por considerar que vulneran derechos fundamentales y garantías establecidos en la Constitución dominicana.

Las acciones forman parte de una iniciativa de depuración del ordenamiento jurídico nacional, mediante la cual el jurista procura que sean eliminadas o reinterpretadas disposiciones legales que, a su juicio, resultan incompatibles con los principios constitucionales de igualdad, dignidad humana, libertad de expresión, autonomía personal y protección de los derechos fundamentales.

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Entre las disposiciones cuestionadas figuran normas que establecen diferencias de trato entre hombres y mujeres en asuntos familiares, sucesorios y de tutela, así como restricciones relacionadas con la capacidad jurídica de personas con discapacidad.

Una de las acciones impugna los artículos 506 y 507 del Código Civil, que contemplan la tutela automática del marido sobre la esposa declarada en interdicción, mientras establecen condiciones diferentes para que la mujer pueda ejercer esa responsabilidad respecto de su esposo.

También se cuestionan disposiciones que otorgan preferencia a los hombres en la designación de tutores y otras que utilizan el sexo de las personas como criterio para establecer presunciones sobre el orden de fallecimiento en determinados procesos sucesorios.

Libertad de expresión y críticas a funcionarios Otro grupo de acciones está dirigido contra disposiciones del Código Penal que, según el accionante, podrían afectar el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a cuestionar las actuaciones de funcionarios e instituciones públicas.

Entre ellas figuran normas relacionadas con las opiniones, críticas, sátiras y expresiones consideradas ofensivas, así como disposiciones sobre el ultraje a la función jurisdiccional.

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Jerez cuestiona que determinadas expresiones puedan ser sancionadas penalmente por afectar la dignidad institucional, sin que necesariamente exista una perturbación efectiva del funcionamiento de la justicia.

Asimismo, solicita delimitar el alcance penal de los montajes y las sátiras para evitar que expresiones humorísticas o críticas legítimas sean equiparadas automáticamente con conductas delictivas.

Religión, educación y derechos ciudadanos Las acciones también incluyen una impugnación contra disposiciones de la Ley 44-00 relacionadas con la lectura de textos bíblicos en las escuelas públicas.

El abogado cuestiona que esa práctica esté contemplada sin una garantía expresa para que los estudiantes puedan abstenerse de participar, así como la intervención reservada a determinadas organizaciones religiosas en la enseñanza pública.

En otra instancia, objeta disposiciones que podrían interpretarse como una exclusión automática de responsabilidad por discriminación cuando una negativa se fundamenta en motivos religiosos o de conciencia.

También plantea revisar el alcance de la responsabilidad penal de las entidades religiosas, con el propósito de evitar interpretaciones que puedan conferirles inmunidad absoluta frente al régimen general aplicable a las personas jurídicas.

Derechos laborales y personas con discapacidad En materia laboral, Jerez impugna el artículo 407 del Código de Trabajo, que exige el voto favorable de más del 51 % de todos los trabajadores de una empresa para declarar una huelga.

Según los argumentos presentados, esa exigencia podría constituir una restricción desproporcionada al ejercicio de un derecho reconocido constitucionalmente.

También cuestiona el requisito establecido en un reglamento de función pública que exige reunir al menos el 40 % de los empleados con derecho a organizarse para constituir una asociación de servidores públicos.

En cuanto a los derechos de las personas con discapacidad, las acciones abarcan restricciones para ejercer funciones notariales, limitaciones relacionadas con la capacidad jurídica y disposiciones migratorias que podrían dar lugar a exclusiones por razones de salud o discapacidad.

Otras disposiciones impugnadas Entre las acciones sometidas también figuran cuestionamientos a normas sobre desheredación por motivos morales, revocación de nacionalidad, formalidades testamentarias y restricciones al uso de seudónimos o identidades ficticias.

El jurista solicita, además, revisar disposiciones que podrían permitir la ejecución irreversible de confiscaciones o demoliciones mientras se encuentra pendiente un recurso judicial capaz de modificar la sentencia.

Otra impugnación procura evitar que el incumplimiento de obligaciones civiles o la insolvencia de buena fe sean confundidos con conductas fraudulentas susceptibles de sanción penal.

Revisión progresiva de las leyes Jerez explicó que las 27 acciones fueron presentadas de manera independiente, con fundamentos constitucionales y peticiones específicas, para permitir que el Tribunal Constitucional examine cada disposición por separado.

El abogado sostuvo que la antigüedad de una norma no puede justificar su permanencia cuando existen argumentos de incompatibilidad con los derechos y garantías reconocidos por la Constitución.

Esta primera etapa de la iniciativa se concentra en los códigos y determinadas leyes especiales, pero el proyecto contempla continuar con la revisión de leyes orgánicas, leyes ordinarias, reglamentos y otras disposiciones de alcance general.