Santo Domingo.- Cada embarazo adolescente puede cambiar el rumbo de una joven: sus planes, sus oportunidades y hasta su permanencia en las aulas. Pero cuando se trata de una niña, la situación va mucho más allá de una cifra o un indicador de salud pública: obliga a preguntarse quién es el responsable, qué circunstancias rodearon ese embarazo y si las autoridades están haciendo lo necesario para investigar y garantizar justicia.
Aunque República Dominicana reportó una reducción del 40 % en la fecundidad adolescente entre 2019 y 2025, el descenso de las estadísticas no debería convertirse en motivo de celebración si todavía existen casos que no son investigados ni llegan ante los tribunales.
La disminución de los embarazos debe ir acompañada de políticas de prevención, protección de las menores y persecución de quienes puedan haber cometido delitos sexuales.
Esta preocupación fue planteada por el abogado penalista José Martínez Hoepelman, quien cuestionó que se presente la reducción como un triunfo sin prestar atención a la impunidad que puede existir detrás de estos casos.
Durante una entrevista en el programa Esto no tiene nombre, fue enfático al afirmar: "Cada embarazo de una menor de edad constituye, por su propia naturaleza, una violación sexual".
Hoepelman sostuvo que cada uno de estos casos debe ser investigado por el Ministerio Público para determinar las circunstancias en que ocurrió el embarazo, identificar a los posibles responsables y establecer si corresponde llevarlos ante la justicia.
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El jurista, quien asumió la representación legal de las víctimas en los casos de Emely Peguero y Liz María, consideró que aquellos embarazos de menores que no son investigados ni llegan a los tribunales representan una forma de impunidad que también debe preocupar a la sociedad.
"La corrección de la impunidad comienza desde quien se pasa un semáforo en rojo hasta quien embaraza a una menor de edad", expresó al insistir en que las autoridades deben aplicar las políticas públicas necesarias para investigar cada situación, disponer su archivo cuando corresponda o someter a los responsables cuando existan elementos suficientes.
Una reducción que convive con otros desafíos
Las declaraciones del abogado surgieron luego de que la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR-MICS 2025) publicara sus resultados, lo cuales reflejan que la fecundidad adolescente pasó de 77 a 46 nacimientos por cada mil jóvenes de entre 15 y 19 años. Asimismo, el porcentaje de adolescentes que ya son madres o están embarazadas descendió de 18.9 % a 12.2 %.
Sin embargo, la situación educativa también plantea interrogantes. La misma encuesta señala que el 17.4 % de los adolescentes de 15 a 17 años no asiste a ningún centro educativo, mientras que el Ministerio de Educación informó que el abandono escolar en secundaria alcanzó el 5.7 % durante el período 2024-2025, equivalente a casi seis de cada 100 estudiantes.
Aunque estas cifras no establecen que los embarazos adolescentes sean una causa directa de la deserción escolar, reflejan la necesidad de fortalecer las políticas de protección, prevención y acompañamiento para evitar que las jóvenes vean limitadas sus oportunidades de continuar estudiando y desarrollar sus proyectos de vida.
El desafío para República Dominicana, por tanto, no consiste únicamente en reducir los embarazos adolescentes, sino en garantizar que cada niña esté protegida, que los posibles delitos sexuales sean investigados y que quienes resulten responsables enfrenten las consecuencias establecidas por la ley. Porque detrás de cada cifra hay una realidad humana que no puede quedar fuera de las políticas públicas ni de la respuesta de la justicia.
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