SANTO DOMINGO.- Comité de Solidaridad con las Personas Desnacionalizadas denunció este martes que la Junta Central Electoral (JCE) les sigue negando sus documentos de identidad de forma arbitraria, a pesar de que ya han pasado dos meses y medio de que fuera aprobada la Ley Especial que reconoce la nacionalidad dominicana a los que habían sido desnacionalizados.

«Esto es una burla  al Congreso Nacional y del Poder Ejecutivo y desconoce el amplio consenso que precedió esa legislación.  Lo procedente es derogar la Resolución 12-07 que inició esa masiva violación de derechos humanos y emitir otra ordenando la entrega de documentos sin dilaciones», indica el comité.

Las personalidades que firman el documento por el referido comité son: Miguel Ceara Hatton, Carmen Amelia Cedeño, Juan Bolívar Díaz, monseñor Julio César Holguín K., Víctor Víctor, Wilfredo Lozano, Eulogia Familia, Cristóbal Rodríguez, reverendo Mario Serrano, Ana Selman, Guadalupe Valdez, Pavel Isa Contreras, Roque Félix, Sergia Galván, Guillermo Esterlín y Manuel Robles.

Explica el comité que el Artículo 1 a) de la Ley No. 169-14, aprobada por el Poder Legislativo el 21 de mayo y promulgada por el Poder Ejecutivo dos días después, estableció “un régimen especial en beneficio de los hijos de padres y madres extranjeros no residentes nacidos en el territorio nacional durante el período comprendido entre el 16 de junio de 1929 al 18 de abril de 2007 inscritos en los libros del Registro Civil dominicano en base a documentos no reconocidos por las normas vigentes para esos fines al momento de la inscripción”.

Esta ley no exige condiciones, trámites o atributos adicionales para beneficiarse del régimen especial, acotó el comité en un documento publicado hoy.

Por el contrario, precisa, la ley establece claramente en su Artículo 2 que “la Junta Central Electoral procederá a regularizar y/o transcribir en los Libros del Registro Civil, libre de todo trámite administrativo a cargo de los beneficiarios, las actas de las personas que se encuentren en la situación establecida en el literal a) del artículo anterior.”

«No obstante, a más de diez semanas de la promulgación de la Ley 169-14, la JCE se niega a otorgar las actas de nacimiento a los beneficiarios del régimen especial, violando de forma arbitraria, las disposiciones de orden público establecidas en la misma, como puede comprobarse a partir de la muestra debidamente documentada que presentamos anexa a este documento. A penas en la semana pasada se le otorgó la cedula de identidad a Juliana Deguis, después de hacerla pasar por un sinnúmero de trámites que la Ley no dispone», expresó.

Indicó que el desacato flagrante en que incurre la JCE se erige como un desafío a la autoridad  del Poder Legislativo, instituidas en el mandato constitucional de cumplimiento obligatorio a las leyes emanadas del Congreso Nacional, que vinculan a todos los poderes públicos, conforme disponen los Artículos  93 y 109 de la Constitución de la República Dominicana.

Considera que el regateo de la JCE viola la Constitución, además de que contradice abiertamente numerosos preceptos  legales, como por ejemplo las disposiciones del Artículo 31 de la Ley 659 de 1944, sobre Actas del Estado Civil, que establece la naturaleza fedataria  de las actas de nacimiento y el derecho  universal de acceder a las mismas que asiste a toda persona, así como los principios rectores de la actuación de la administración pública consagrados en nuestra constitución y desarrollados en la Ley 107-13 sobre los Derechos de Las Personas Frente a la Administración Pública, como la juridicidad, buena fe, racionalidad, servicio objetivo a las personas, igualdad de trato, eficacia, seguridad jurídica, previsibilidad y certeza normativa, relevancia, y confianza legitima, entre otros.

«Deploramos profundamente que algunos sectores actúen con desprecio de la Constitución y la ley y pretendan desconocer un amplio consenso nacional materializado en la Ley 169-14, que aceptamos, a pesar de sus limitaciones,  como transacción a un conflicto que mantiene el país en un grave escándalo internacional con potencialidad de alcanzar una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo que acarrearía serias repercusiones internacionales», manifestó.