Confieso mi enorme sorpresa cuando, casi de la nada, se anunció desde el Palacio Nacional la realización de un “Diplomado Internacional sobre Periodismo Ético”, que no es otra cosa que lanzar por el sifón cuantiosos recursos económicos públicos en tiempos de pandemia.
La paternidad de la iniciativa se atribuye a la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y los ministerios de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y Economía, Planificación y Desarrollo, aunque el verdadero origen hay que buscarlo en la propia Casa de Gobierno.
Ciertamente que he alineado el pensamiento en las dimensiones antropológica, psicológica, ontológica y humana, pero ni así logro comprender el sentido lógico del curso. No se trata de que el abordaje de la ética sea irrelevante. Pero la pregunta obligada es, ¿por qué destinarlo a periodistas?
Uno de los argumentos justificativos sería que la labor de los periodistas es transversal en la conformación de los temas que hacen la opinión pública. Sin embargo, la realidad consiste en que ni siquiera amerita discusión el hecho de que políticos y funcionarios violan más los principios éticos y morales que los periodistas y, por lo tanto, con ellos debió comenzar la acción formativa.
Desafortunadamente, el CDP se prestó para que lleven a la profesión a una especie de “paredón” moral; admite con ello que los periodistas son parte de la degradación que en ese orden acusa la sociedad dominicana. Cierto que los hay que actúan en violación de principios éticos, de la misma manera que ocurre con otras profesiones.
En el acto en que se hizo el anuncio del diplomado, el presidente Luis Abinader proclamó: “Quien les habla está decidido a comprometer todo el empeño del gobierno para que el ejercicio del periodismo en nuestro país sea garantía de trasparencia, veracidad y respuesta directa a los cuestionamientos de los ciudadanos”.
Desde el punto de vista filosófico, esa filípica suena bien, pero no podría ser así en la práctica. La garantía ética requiere que a todo el mundo se le trate bajo los principios de igualdad y de equidad. Y si hacemos una mirada rápida a parte de contratos publicitarios nos vamos a encontrar con que la actual administración gubernamental usa la publicidad estatal como arma de control político y social.
Conozco que entre los criterios a que recurren las instituciones que colocan publicidad son básicamente tres: ser parte de los intereses políticos del oficialismo, que apoyen sus iniciativas o que los contratantes tengan motivos para la utilidad de determinados medios y espacios de radio y televisión.
Difícilmente alguien que no encaje en esos criterios conseguirá un anuncio en instituciones como la Dirección de Comunicación de la Presidencia, del Banco de Reservas, la Superintendencia de Bancos, la Empresa de Generación Eléctrica o de los ministerios de Turismo, Educación o Industria y Comercio, solo para citar algunas.
En un correcto comportamiento ético no cuentan las palabras, sino los ejemplos de una vida honorable.
En los próximos días seguiré atento al “Diplomado Internacional sobre Periodismo Ético”, especialmente en lo concerniente a la contraparte de los profesores locales. No me gustaría ver a unos que en el pasado reciente fueron “independientes” y luego pasaron facturas para designaciones en puestos públicos; ni a otros que actualmente disfrutan de jugosos contratos publicitarios a cambio de silencio; tampoco aquellos que en su momento recibieron financiamiento empresarial para militar en el movimiento Marcha Verde.
De lo que sí estoy seguro es que el problema ético de la sociedad dominicana no son los periodistas profesionales.