Procuraduría General de la República.
SANTO DOMINGO.– La Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) realiza una investigación sobre un desfalco contra el Estado dominicano que supera los 17,000 millones de pesos.
Entre los investigados en este caso por la Pepca están Donald Guerrero, Simón Lizardo Mézquita, Ramón Emilio Jiménez Collie (Mimilo), Emilio César Rivas Rodríguez, Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, entre otros exfuncionarios y subordinados.
En el documento del Pepca, donde se identifica como principal imputado al exministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, se indica que el modus operandi consistía en que, bajo las instrucciones del ministro de Hacienda, para ese entonces, Donald Guerrero Ortiz, se realizaron maniobras fraudulentas con el objetivo de sustraer del erario público la cantidad de RD$19,653,871,513.80, por concepto de acuerdos transaccionales, de los cual hemos (el Pepca) determinó que lograron sustraer RD$ 17,300,642,051.07 por operaciones relacionadas con expropiaciones de terrenos en áreas protegidas.
Asimismo, la Pepca identificó otras operaciones para desfalcar al Estado, como la simulación de compras y venta de terrenos bajo la modalidad de deudas administrativa, cuyo elemento común en todas las transacciones o acuerdos firmados entre las partes, es el relacionado a contratos de cesiones de crédito por más de RD$10,500 millones a personas de su entera confianza, que en ocasiones utilizaban sociedades comerciales de carpeta, disolviéndolas inmediatamente obtuvieron su objetivo, constituyendo el tipo penal de desfalco.
Se trata de un mecanismo detectado de manera accidental en 2021 para cobrar miles de millones de pesos al Estado por expropiaciones que datan de hasta 50 años y que eran cobrados a precios actuales y que los investigadores estiman que la mayoría de los fondos quedaban en manos de personas vinculadas con el Ministerio de Hacienda de la gestión anterior.
El Ministerio Público ha sido cauto hasta ahora porque se enfrenta al reto de demostrar el ilícito por parte de los funcionarios de la gestión anterior, abogados y “buscones” que se encargaban de detectar expedientes viejos de expropiaciones.
El caso se descubrió casi de manera accidental por un tecnicismo en la elaboración del Presupuesto del 2021. Resulta que cuando las actuales autoridades asumieron la administración pública el 16 de agosto de 2020 estaba en vigencia el Presupuesto elaborado por la administración anterior.
La investigación en curso fue develada públicamente por un recurso Contencioso en contra del Informe especial de la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República de fecha 23 de septiembre del 2021 sobre el pago de expropiaciones.
