SANTO DOMINGO.- El diputado del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Pedro Botello, calificó de aberración, bajeza política y puñalada trasera la sentencia de la Suprema Corte de Justicia que ratificó la condena a prisión del alcalde de La Romana, Tony Adames.

El legislador afirmó que el caso por el que se condena a Adames consistió en una obra del ayuntamiento que fue pagada a José Ignacio Morales (el artístico) previo a 2011 y que posteriormente, apareció otra persona reclamando el pago ya efectuado.

Dicha solicitud fue archivada pero luego considerada en apelación y tras ser recurrida ante la Suprema Corte de Justicia (JCE) esta sala decide ratificarla, según Botello, por intermediación e influencia del Partido de la Liberación Dominicana como represalia política.

El alcalde de La Romana, Juan Antonio Adames (Tony), fue arrestado a las 6:00 de la mañana de este jueves en su residencia en La Romana.

Las autoridades explicaron que el arresto se ejecuta en razón de que en fecha 28 de diciembre de 2022 la Suprema Corte de Justicia, mediante la sentencia No. SCJ-SS-22-1606, rechazó el recurso de apelación interpuesto por el acusado a la sentencia que lo condenó, ratificando la condena de dos años de prisión correccional, la indemnización por 4.5 millones al escultor Luis Castillo y al pago de una multa de tres mil pesos dominicanos (RD$3,000.00).

A través de un comunicado de prensa, informaron que el condenado Juan Antonio Adames Bautista será presentando ante el Tribunal de Ejecución de La Pena del Departamento judicial de San Pedro de Macorís.

Se recuerda que la sala capitular del municipio cabecera de la provincia La Romana, se rehusó a suspender al alcalde de la ciudad, Juan Antonio Adames, condenado en 2018 a dos años de cárcel. La decisión contó con nueve votos a favor de un total de 13.

Entre los alegatos para tomar la decisión se citó que el juez de la Ejecución de la Pena de la Región Este, no ha notificado la sentencia y que por lo tanto, desconocen su contenido.

La condena de Adames fue ratificada en diciembre de 2022 por la Suprema Corte de Justicia pero la misma no ha sido aplicada.