Participación Ciudadana y Pelegrín dicen autoridades  usan tema de seguridad nacional para negar  información

SANTO DOMINGO.-El Estado dominicano no recibe ningún tipo de amenaza a su seguridad, en consecuencia no hay razones para clasificar información, con el argumento de secreto confidencial o de seguridad nacional.

Así se expresó el sociólogo Carlos Pimentel Rivera al tratar el tema Seguridad Nacional y Estado Democrático en el panel Seguridad Nacional, Desclasificación de la Información que realizó el movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana.

Pimentel señaló que como no hay un órgano o un evento que clasifique lo que es o no un acto que atente contra la seguridad nacional, el Estado lo hace antojadizamente. Como ejemplo citó el caso del director de la Oficina Para el Reordenamiento del Tránsito (OPRET), Diandino Peña.

“Cuando el ingeniero Diandino Peña estaba construyendo el Metro de Santo Domingo alegó que era una obra que se inscribía en una cuestión de seguridad nacional. ¿De dónde? ¿Bajo qué criterio, parámetro o razón jurídica, militar o de amenaza a este señor se le ocurrió situar esa construcción como una obra que contenía elementos de seguridad nacional?”, se preguntó.

Seguridad Nacional, un concepto

De su lado el diputado por la Fuerza Nacional Progresista, Pelegrín Castillo, al exponer el tema: “La Seguridad Nacional: Normativas y Acceso a la Información Pública”, señaló que como el concepto de seguridad nacional es muy amplio, muy acomodaticio, cada gobierno puede hacer uso de ese concepto conforme a su conveniencia, a sus intereses, o a la coyuntura que está viviendo.

“El artículo 17 de la ley 200-04 de libre acceso a la información pública establece como limitación al acceso, en razón de intereses públicos preponderantes, encabezando la lista la información vinculada a la defensa de la seguridad del Estado que hubiera sido clasificada como reservada por la ley o por decreto del Poder Ejecutivo o cuando pueda afectar las relaciones internacionales del país”, indicó.

En este sentido, expresó que: “El reto es garantizar un derecho fundamental de acceso a la información pública, hacerlo efectivo, hacerlo viable y al mismo tiempo asegurar los intereses de la seguridad nacional”.

Su propuesta. Tras coincidir con Pimentel en que las autoridades gubernamentales pueden manejar el concepto de seguridad nacional según sus intereses, Pelegrín informó a los participantes en el panel que presentó al Congreso Nacional un proyecto de ley para la creación del Sistema Nacional de Inteligencia, que fue elaborado por especialistas de la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI).

Indicó que este proyecto establece algunos criterios para acotar lo que debe entenderse como seguridad nacional. Entre ellos citó los actos tendentes a consumar espionaje, sabotaje, terrorismo, sedición, rebelión, traición a la patria, genocidio en contra de la República Dominicana o dentro del territorio nacional.

De igual manera el plan señala como hechos que atentan contra la seguridad nacional a actos que interfieran en los intereses nacionales, que atenten contra la seguridad de operaciones aérea, marítima y terrestre o que impliquen el uso de nuestra frontera para perpetuar acciones ilícitas que amenacen la estabilidad de la nación y sus instituciones.

También incluye a aquellas acciones que atenten contra el personal diplomático, actos tendentes a consumar el trafico ilegal de materiales nucleares de armas químicas, biológicas y convencionales de destrucción masiva, actos de financiamiento de acciones y organizaciones terroristas, actos tendentes a obstaculizar o a bloquear actividades de inteligencia o contrainteligencia, actos tendentes a destruir o inhabilitar infraestructura de carácter estratégico indispensable para la provisión de bienes y servicios públicos, entre otros. .

La experiencia del estado. La posición del Estado en el tema de clasificación y desclasificación de la información fue presentada por Miguel Suazo, coordinador de la Unidad Ética y Unidad Especializada de CONARE.

Durante el desarrollo del mismo reconoció que el país no tiene un órgano rector o una institución rectora que coordine o que tenga el poder para trabajar con carácter de autoridad aspectos de la ley de acceso a la información pública.

“No hay claridad, ni la experiencia de haber clasificado la información, y podríamos seguir corriendo el riesgo de que se hicieran clasificaciones a posteriori o según el imperio de la autoridad personal o de incubente, y eso sea en este o en cualquier otro gobierno, sería sentar antecedentes muy malos”, indico Suazo.

Sin embargo, señaló que en el caso de la Procuraduría General y de la Secretaría de Salud Pública se ha hecho un intento.

“En el país solamente, o al menos que tenga constancia la unidad especializada de CONARE, la Procuraduría General de la República ha hecho una distribución por cada uno de los departamentos, previamente clasificando toda la información de acuerdo a cada uno de los renglones que ellos manejan, y luego planteando cuales de ellos entran a clasificación reservada Ya la segunda institución es la Secretaría de Salud Pública, quienes han hecho el ejercicio para que este proceso inicie”, puntualizó Suazo.

Concluyó señalando que es importante que la ciudadanía tenga la conciencia de que este es un derecho que le asiste y el Estado que este es un deber que le corresponde, uno a preguntar y el otro a responder.