SANTO DOMINGO.-El movimiento cívico y capítulo dominicano de Transparencia Internacional Participación Ciudadana, publicó un resumen de los principales puntos de la operación Calamar.
El Ministerio Público puso en marcha el 19 de marzo la Operación Calamar, luego de una compleja investigación realizada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
En la operación se realizaron 40 allanamientos distribuidos en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Romana, en los que participaron 40 fiscales, decenas de técnicos de diferentes unidades de investigación, 300 miembros de la Policía Nacional y un amplio equipo de apoyo administrativo.
Entre los implicaos en el caso se encuentran, el exministro de Hacienda, Donald Guerrero; ex ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta; exministro de Obras Públicas,Gonzalo Castillo; ex contralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
Lea también: Caso Donald Guerrero, «el más voluminoso expediente de corrupción»
Asimismo, Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emil Dávila Fernández, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación y Ana Linda Fernández.
La imputación preliminar del Ministerio Público en contra de los imputados es de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente, lavado de activos, entre otros.
El Ministerio Público atribuye al expresidente Danilo Medina haber instruido a un grupo de funcionarios que buscaran dinero para financiar la campaña de Gonzalo Castillo con miras al proceso interno del Partido de la Liberación Dominicana en 2019 y para las elecciones nacionales del 2020, proceso que produjo más de RD$6,000 millones para esos fines de un total superior a los 19 mil millones que se le había defraudado al Estado.
