Santo Domingo.- El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana hizo un llamado a la Procuradora General de la República, Yeni Berenice Reynoso, y a la Ministra de Interior y Policía, Faride Raful, para que se dicten políticas públicas que aseguren investigaciones rigurosas y transparentes en todos los casos de fallecimientos ocurridos en supuestos intercambios de disparos.
La organización tomó como ejemplo lo ocurrido la pasada semana en una plaza comercial en Santiago, donde cinco jóvenes perdieron la vida.
Destacó que las investigaciones deben ser conducidas por fiscales en colaboración con la Policía Nacional y el Ministerio de Interior, y sus resultados deben ser divulgados en un tiempo razonable.
Debe haber sometimientos
En caso de encontrarse responsabilidad penal, los responsables deben ser sometidos a la acción de la justicia.
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“Para nadie es un secreto que la eliminación de personas bajo un alegado intercambio de disparos no es otra cosa, en muchos de los casos, que la implementación de una política pública que ha prevalecido en todos los gobiernos, sin consecuencias para los responsables”, señaló la entidad cívica.
Participación Ciudadana enfatizó que esta política es inconstitucional e ilegal, ya que convierte a los agentes del orden en juez y ejecutor, aplicando una pena de muerte que no existe en el país, bajo el argumento de control de la criminalidad. Según el movimiento, esto transforma a los agentes en criminales, violando derechos fundamentales.
Además, el Informe de Latinobarómetro 2024 sitúa a República Dominicana, junto a Bolivia, en primer lugar en violencia estatal con un 21%, mientras que Chile presenta el mejor promedio con un 4%, siendo el promedio latinoamericano del 14%.
Históricamente, las investigaciones de estos casos estuvieron a cargo de la propia policía, y el espíritu de cuerpo impedía cualquier indagación independiente, además de que los resultados nunca se divulgaban.
Participación Ciudadana considera que el reciente hecho en Santiago debe ser un punto de inflexión para poner fin a la impunidad en estos casos, y no limitarse a este incidente puntual.
La organización hizo un llamado claro a las autoridades: corresponde a la Procuradora General de la República, con la colaboración del Ministerio de Interior y Policía, diseñar y aprobar políticas públicas que aseguren que todas estas investigaciones se realicen de manera puntual, transparente y efectiva, y que quienes resulten responsables enfrenten la acción de la justicia conforme al marco legal vigente.
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