Margarita Cedeño, exvicepresidenta de la República.
SANTO DOMINGO.- La exvicepresidenta de la República Margarita Cedeño recibió poderes de una offshore creada en Panamá, en la recta final de la campaña electoral que llevaría al expresidente Leonel Fernández al Palacio Nacional por segunda vez, según documentos encontrados en los Pandora Papers, filtrados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
Cedeño había fungido como sub-consultora jurídica del Poder Ejecutivo cuando Fernández fue presidente de 1996-2000.
Previo a convertirse en primera dama de la República, también laboró en el bufete de abogados Fernández y Asociados, del cual es miembro asociada y fundadora.
Leonel Fernández y Margarita Cedeño
El 5 de abril de 2004, Cedeño recibió poderes, junto a David Pérez Taveras, también abogado de Fernández & Asociados, sobre la empresa offshore Wayland Overseas S.A., constituida en Panamá el 1 de abril, con un capital de 50 mil dólares con acciones al portador.
Según los documentos del bufete panameño ALCOGAL “se aprobó unánimemente otorgar Poder” a Cedeño para qué “actuando por sí sola, por separado y con su sola firma, represente con absoluta amplitud a la compañía WAYLAND OVERSEAS S.A (…) para que usen y ejerciten este poder en todas partes del mundo” con relación a atribuciones administrativas sobre bienes y propiedades, cuentas bancarias, y todo tipo de contratos.
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En tanto que los poderes otorgados a Pérez Taveras eran para “la apertura, manejo, operación y cierre de cuentas bancarias (también) en cualquier parte del mundo”.
En una carta con fecha del 12 de abril del año 2004, representantes de ALCOGAL informaban al bufete intermediario de Wayland aquí en el país, que de acuerdo a sus instrucciones, es decir las instrucciones del representante local, adjunto encontrarían los documentos relacionados a varios puntos, incluyendo “dos actas de Junta Directiva autorizando el otorgamiento de Poderes” a Cedeño y a Pérez.
Es en el mismo abril de 2004, que Wayland, según los documentos, emite certificados de acciones al portador, por lo menos uno por 49,998 acciones de las 50 mil.
“Si lo que una persona tenía 20 años atrás eran acciones al portador, estaba clara su intención, que no quería revelar que él era el propietario. Y entonces ¿qué hace?, designa apoderados, que son los que van a dar la cara, a dar el frente en los negociones de la compañía, en las adquisiciones de la compañía”, explicó el abogado Francisco Álvarez, también miembro de Participación Ciudadana.
Tras ser contactada por El Informe con Alicia Ortega, único miembro del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación en RD, Cedeño respondió por escrito diciendo “no he sido ni soy titular de acciones, ni tampoco he poseído acciones al portador, en empresas o compañías offshore”.
Cedeño señaló que “a principios de 2004, como parte de mis funciones de Socia- Director de Fernández & Asociados, gestioné la incorporación de una sociedad bajo la legislación de Panamá, en el formato de sociedad offshore, una actividad propia de mis funciones como especialista en el área de derecho corporativo” y “en este tipo de proceso es usual incluir a los abogados en calidad de apoderados hasta tanto los clientes decidieran quiénes serán los representantes y/o apoderados definitivos”.
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Igualmente relató que tanto ella como Pérez Taveras, se limitaron “a las labores propias de un abogado en ejercicio privado” señalando que la sociedad “no fue utilizada” ni por él ni por ella “para ninguna actividad comercial en la República Dominicana o en el extranjero”.
Añadió que una vez asumió las funciones de Primera Dama y debido al cese de sus funciones en Fernández & Asociados solicitó la disolución de la empresa para evitar conflictos.
“Solicité al Representante Local que registró la empresa, proceder con la disolución de ésta, en vista de que esto podría constituir un conflicto de intereses con mis funciones públicas”, dijo la exvicemandataria.
Ante la pregunta sobre ¿por qué el beneficiario final de Wayland Overseas accedió cerrar la empresa y no simplemente cambiar de abogado apoderado respondió: “informamos al cliente de la necesidad de realizar las modificaciones necesarias y su decisión, de naturaleza meramente personal y ajena a quien suscribe, fue la disolución de la sociedad”.
“El Representante local nos informó que debido a que la empresa no tuvo ningún tipo de actividad ni se pagó el mantenimiento para su renovación; al cumplirse el año de vigencia de esta, se solicitó formalmente a los abogados de la jurisdicción de origen que la compañía fuera declarada inactiva”, agregó Cedeño.
Margarita Cedeño anexó copias de un correo electrónico de marzo de 2005, en el que solicita a ALCOGAL que se declare inactiva Wayland Overseas. Igualmente adjuntó copia de un correo enviado al bufete panameño el 13 de septiembre de este año, tras ser contactada por El Informe, solicitándole con carácter de urgencia, una carta haciendo constar que la compañía Wayland fue declarada inactiva en esa fecha.
Aunque en el Registro Público de Panamá, el estatus de Wayland Overseas aparece desde 2019 como suspendido, tras una advertencia en 2016 de morosidad en la tasa de renovación durante 10 años.
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El abogado experto en este tipo de tema Francisco Álvarez aseguró que la suspensión por falta de pago no impide que la offshore continúe realizando negocios, aunque pudiera enfrentar dificultades con transacciones bancarias, ya que instituciones financieras si exigen un registro al día.
Margarita Cedeño dijo en su carta que “si bien es cierto que la disolución fue solicitada en 2005 (…) los plazos legales se cumplieron en 2016 para dar inicio al proceso de extinción de la personalidad jurídica”.
“Con toda esta información, pretendemos dar respuesta a su solicitud, con la transparencia y el deseo de aportar a la construcción de la democracia que nos caracteriza, dejando claro que la sociedad en cuestión se incorporó como parte de nuestro ejercicio profesional, que nunca estuvimos vinculados a sus acciones corporativas, que nunca operó en la República Dominicana, ni en ningún otro país, que tampoco fui titular de ningún activo, cuenta bancaria ni instrumentos financieros y que solicitamos su disolución una vez asumimos funciones públicas en 2004”, finalizó la misiva.
