No es la primera vez que escribo sobre los derechos en tiempos de pandemia. Tampoco creo que sea la última puesto que el tema seguirá vigente mientras esta dure y más allá. Se trata de una situación en la cual los hechos nos imponen lecciones que la lógica y la teoría jurídica no siempre son capaces de prever.

En estos casos la práctica suele ser una maestra esencial.

Pero esto vale tanto para lo que debe hacerse y lo que no y, muy especialmente, para la forma en que no deben hacerse las cosas. Existe un axioma en el Derecho que se puede parafrasear de la siguiente manera: los hechos te dan la razón, pero el procedimiento te la quita.

El Estado dominicano está tomando decisiones razonables dentro del contexto pandémico que tienen fundamento jurídico, pero su forma de implementarlas es errática y crea dificultades y, sobre todo, lesiona su legitimidad.

No es necesario entrar en detalles sobre los hechos de las últimas semanas para señalar que la reacción del Estado ante situaciones muy similares ha sido profundamente desigual. Pero, sobre todo, que no ha asumido las faltas cometidas. Las reglas confusas, los mensajes cruzados y la inconsistencia frente a situaciones previsibles han traído confusión a una situación que requiere claridad.

No todo es culpa del gobierno, hay que decirlo. La Ley 21-18 que regula los estados de excepción debe ser revisada, puesto que el legislador no contempló -nadie lo hizo, para ser justos- la necesidad de tomar medidas en un contexto de pandemia prolongado. Los propios artículos constitucionales que los regulan pudieran ser revisados para adaptarlos mejor a la posible repetición de esta crisis.

Pero mientras llega el momento de las reformas normativas es importante que estas medidas, cuya necesidad puede extenderse todavía por muchos meses, sean claras y se apliquen en forma coherente. La incertidumbre es terreno fértil para los problemas, y ya de esos estamos copados.