SANTO DOMINGO.-Con el depósito ayer de un expediente acusatorio contra los involucrados en la compra —considerada irregular— de hormigón asfáltico caliente (HAC) realizada desde el ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) por un monto de 11,550 millones de pesos, se inició una extensa batalla legal que será seguida de cerca por la población.

El tema adquirió notoriedad en noviembre del año pasado cuando, luego de dos meses de investigación, la periodista Alicia Ortega presentara en su programa El Informe los resultados de lo que llamó: Capas de irregularidades.

El inicio
En dicho trabajo periodístico se informaba que a mediados de abril se inició un agresivo programa de asfaltado auspiciado por el MOPC y que fue validado por siete procesos de compras de excepción que beneficiaron treinta y ocho proveedores.

El primero de estos procesos favoreció a 23 empresas por un monto de 6,750 millones de pesos.

El segundo proceso de excepción fue por 1, 200 millones de pesos e incluyó a cuatro empresas, una de las cuales, la constructora Mansan, había sido beneficiada en la primera partida y tenía sociedad con Gil+Gil otra de las beneficiadas, totalizando solo ese grupo empresarial, RD$900 millones en contratos de asfalto.

Cinco procesos de excepción para iguales fines llegaron en los meses posteriores a la primera partida y previos a la realización de las primarias del Partido de la Liberación Dominicana en las que participó como aspirante presidencial Gonzalo Castillo, quien era titular del MOPC y fue quien autorizó dichas compras según se hace constar en los contratos.

Compras de excepción
El procedimiento legal utilizado para dichas compras fue, como ya hemos dicho, el de excepción.

El mismo está regulado por la Ley de Compras y Contrataciones y se utiliza solo en situaciones imprevisibles, de emergencias y necesidades excepcionales. También para promover a las pequeñas y medianas empresas y para adquirir bienes y servicios con exclusividad que puedan ser suplidos por un número limitado de personas jurídicas o físicas.

Fue esta la razón legal esgrimida por el MOPC para validar las compras.

Informe final
No obstante, un informe realizado por la Dirección de Compras y Contrataciones previo al 16 de agosto, establece que para los casos de excepción se debe agotar un proceso que fue violentado por el MOPC.

Ese proceso incluye un informe pericial, una resolución del comité de compras y contrataciones de la institución, certificación de apropiación presupuestaria, convocatoria y publicación de pliego de condiciones, evaluación de las ofertas, acta de adjudicación, suscripción de contrato y gerencia del contrato.

La DGCP establece que el informe pericial no recomienda el uso de la excepción ni tiene fundamento técnico para recomendar su uso.

En lo relativo a la resolución que debe emitir el departamento de compras validando el informe, se aprobó la contratación sin agotar trámites .

Conclusión informe

—1— Pluralidad
La DGCP dice que se evidenció pluralidad de empresas contratadas.
—2— Detalles
No se hicieron públicas las especificaciones técnicas, legales y financieras ni los criterios de evaluación.
—3— Transparencia
Algunos contratos fueron publicados incompletos y otros no se publicaron.

La división del PLD generó rechazo social
Protesta. Las acusaciones de corrupción contra las pasadas autoridades adquirieron fortaleza grupal tras la división del Partido de la Liberación Dominicana en octubre del año pasado.

Ese rechazo se multiplicó tras las fallidas elecciones municipales del mes de febrero que generaron protestas focalizadas contra el PLD. El liderazgo de ese partido argumentó que con las mismas se buscaba hacerle daño.

En la actualidad sus principales cabezas han reiterado que lo ideal es que se procese a todo el que se compruebe cometió ilícitos y no echarle lodo a todo el partido.