Noticias recientes en los medios de comunicación nos anuncian la celebración de una serie de pactos eléctricos, que insistentemente vienen a contribuir a la confusión provocada por intereses creados, en el entendimiento y solución del problema eléctrico del país.
Partiendo desde la realidad de que el Gobierno promulgó el 25 de enero de 2012 la Ley Orgánica de Estrategia Nacional de Desarrollo de la República Dominicana 2010-2030, con el objetivo de responder a la necesidad de un proyecto concertado de nación que oriente en el mediano y largo plazo el accionar de las políticas públicas, y que dicha Ley establece en su Objetivo Específico 3.2.1: Asegurar un suministro confiable de electricidad, a precios competitivos y en condiciones de sostenibilidad financiera y ambiental.
Para lograr este objetivo y cumplir con la Ley, se prevé en el Capítulo X (10), Artículo 35: La necesidad de que, en un plazo no mayor de 1 (un) año, las fuerzas políticas, económicas y sociales arriben a un pacto para solucionar la crisis estructural del sector eléctrico, asegurando la necesaria previsibilidad en el marco regulatorio e institucional que posibilite la inversión necesaria en la energía que demanda el desarrollo nacional.
Este mandato, a cargo del Consejo Económico Social, es el verdadero Pacto Eléctrico.
Los demás son simples arreglos entre las partes, con la finalidad de resolver coyunturas, aprovechar oportunidades o talvez anular intenciones del Estado.
Estos son pactos comerciales de facilitación de inversiones, bajo condiciones aún ocultas, puesto que los contratos respectivos no han sido puestos a disposición pública.
Debido al extraordinario peso del continuo déficit eléctrico, el cual ha contribuido a sucesivos déficits públicos, que en parte han justificado el endeudamiento con Venezuela, insistimos se cumpla la Ley y se celebre un Pacto Eléctrico, sin necesariamente desestimar pactos comerciales eléctricos.
