SANTO DOMINGO.-Los centros para la Observación Migratoria y Desarrollo Social en el Caribe (OBMICA) y de Desarrollo Sostenible (CEDESO), que trabajan en el monitoreo de la frontera sur de República Dominicana, solicitan al gobierno aplicar una moratoria a las deportaciones vía terrestre, mientras las autoridades haitianas sigue luchando por responder a las fatales consecuencias del terremoto del pasado sábado 14 de agosto que provocó la muerte de miles de persona y cuantiosas pérdidas materiales, en medio de una tensa situación política.
Asimismo, valoran positivamente el apoyo solidario y la rápida articulación de un plan de asistencia humanitaria por parte del gobierno dominicano, tras el sismo de magnitud 7.2 en escala de Richter que tuvo como centro la ciudad de Los Cayos, al oeste de Haití, agravado por el paso de la tormenta tropical Grace que golpeó la zona afectada, lo que ha dificultado los esfuerzos de rescate y recuperación coordinados por el Primer Ministro Ariel Henry y su equipo ministerial desde Puerto Príncipe.
Las organizaciones que lideran de forma conjunta un programa enfocado en la prevención de detenciones migratorias arbitrarias en la zona fronteriza, instan a las autoridades a hacer acopio de la exitosa experiencia en gestión de desastre implementada en el país a propósito del terremoto de Haití 2010, en la que la moratoria de deportaciones por un periodo indefinido fue clave en el proceso de recuperación. Esta decisión, al tiempo de reforzar los valores de buena vecindad, o que permitiría al gobierno interino de Haití enfocarse en las secuelas del terremoto que, de acuerdo a los reportes del organismo de emergencia oficial de Haití, ha dejado sin hogar a unas 828 mil personas mientras otras 650 mil necesitan ayuda humanitaria.
CEDESO y OBMICA ven la voluntad del Presidente Abinader de promover un corredor humanitario desde el país para facilitar la ayuda justa y necesaria a Haití, es una muestra nueva vez de la buena vecindad que tradicionalmente ofrece el país en momento críticos derivados de desastres de origen natural, una acción acorde con los nueve acuerdos suscritos entre los dos países a comienzos de 2021 en Elías Piña en la frontera.
Consideran urgente priorizar la ayuda humanitaria en un contexto desafiante para Haití que ha experimentado un brote de violencia sin precedentes en la última década. Según el informe de 2021 de Human Rights Watch, “unos 4.1 millones de haitianos-as – más de una tercera parte – viven con la inseguridad alimentaria y 2.1 por ciento de niños-as sufren de malnutrición severa.” A esto se suma el asesinato Presidente Moïse hace pocas semanas, dejando una suerte de vacío político capaz de acentuar la violencia en Haití. Por otra parte, Covid-19 ha comenzado a cobrar vidas y extenderse en Haití en los últimos meses.
