SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Ética Gubernamental y el movimiento cívico Participación Ciudadana vieron con buenos ojos la suspensión de los ocho funcionarios del gobierno que no declararon a tiempo su patrimonio ante la Cámara de Cuentas.

La decisión fue tomada por el Poder Ejecutivo mediante el decreto 525-50. Señala a los servidores públicos a quienes venció el plazo de 30 días después de asumir el cargo y y otros 13 días más otorgados por la Cámara de Cuentas, que se cumplieron el pasado lunes.

Milagros Ortiz Bosch, directora general de Ética e Integración Gubernamental, dijo a EL DÍA que los ocho funcionarios del gobierno cometieron una falta contra la ley por lo que el presidente Luis Abinader ordenó la suspensión de sus salarios y que agilicen la entrega y se pongan al día.

La funcionaria espera que por primera vez la Cámara de Cuentas remita el caso a la Procuraduría General de la República como dispone la Ley 311-14 de Declaración Jurada de Bienes.

De su lado, Sonia Díaz Inoa, coordinadora general de Participación Ciudadana, entiende que esos funcionarios “están bien suspendidos” y ahora les resta buscar la manera de presentar sus declaraciones. Explicó desconocer las razones por las que no declararon a tiempo, aún después de la prórroga de la Cámara de Cuentas.

“Uno supone que quizás tuvieron algún problema con Impuestos Internos o con algo”, indicó Díaz Inoa.

La coordinadora del movimiento cívico señaló que con el decreto del miércoles los suspendidos buscarán la forma de presentar sus declaraciones porque el segundo paso que sigue, de acuerdo a la Ley 311-14 , es la destitución.