
SANTO DOMINGO.- La jueza Keyla Pérez, del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, ratificó la prisión preventiva impuesta como medida de coerción al cabecilla de la red que estafó a decenas de personas con proyectos inmobiliarios y que fue desmantelada con la Operación Nido.
El tribunal determinó que Emmanuel Rivera Ledesma, deberá seguir en prisión por entender que su defensa no añadió ningún presupuesto nuevo que hiciera modificar la existente.
Las fiscales Magalys Sánchez y Yuderky Utate valoraron la decisión de la magistrada Keyla Pérez, quien fijó para el próximo 18 de septiembre la lectura íntegra de la decisión contra el acusado.
En la jornada previa, la continuidad del juicio contra Ledesma y compartes fue puesto en receso hasta el martes 16 de septiembre.
Sobre el caso
El 3 de enero de 2024 el órgano acusador puso en marcha la Operación Nido, con la cual desmanteló una red que estafó a cientos personas a las que ofertaba viviendas en supuestos proyectos inmobiliarios, a través de múltiples maniobras fraudulentas.
En el despliegue de la Operación Nido, el Ministerio Público y la Policía Nacional realizaron 25 allanamientos en San Cristóbal, Dajabón, Espaillat, Sánchez Ramírez y el Distrito Nacional.
La investigación, realizada por el Ministerio Público, arrojó que la red criminal utilizó los vehículos societarios Indisarq, S.R.L., CRD Equipos Pesados, S.R.L., el Grupo Wimar, S.R.L. y Auto Xperts AFM S.R.L., a través de las cuales crearon un esquema fraudulento para la ejecución de estafas, falsificación, asociación de malhechores y lavado de activos en perjuicio de las víctimas a las que ofertaban viviendas a través de siete proyectos inmobiliarios.
Durante la investigación se ocuparon evidencias que demuestran que el acusado Emmanuel Rivera Ledesma utilizaba nombres de personas reconocidas para hacer creer a las víctimas que estaba protegido por personalidades a quienes realmente ni siquiera conoce. Por igual, se recabaron evidencias de la ostentosa vida que llevaban varios miembros de la red con el dinero obtenido de las víctimas.
A raíz de la investigación, Rivera Ledesma inició una serie de maniobras con el objetivo de que las víctimas no se querellaran en su contra o retiraran las querellas ya presentadas.
También, buscó que las víctimas le firmaran nuevos contratos e hicieran otras acciones tendentes a obstruir el proceso de investigación, lo que evidencia que el procesado y otros miembros de la red deben cumplir una medida de coerción que les impida destruir evidencias y ser una amenaza clara para las personas estafadas.