El Día 
Entre los acusados, hay dos empleados de la Junta Central Electoral. Archivo.
SANTIAGO.- El Ministerio Público solicitó este sábado 18 meses de prisión como medida de coerción, y que se declare de tramitación compleja el proceso a los implicados, en una red que supuestamente falsificaba documentos públicos.
Los implicado en la denominada Operación Colibrí, presuntamente amenazaron la seguridad jurídica y lasceraron la confianza institucional, en tanto que, además, vulneraron el sistema del Registro Civil del país.
Según el documento de la solicitud de medida de coerción, los miembros de la red atacaron el sistema de la Junta Central Electoral y falsificaron actas de nacimiento, cédulas de identidad, títulos universitarios y de propiedad, licencias de conducir, licencias para el porte de armas, entre otros documentos públicos.
Los imputados son Luis Manuel Rodríguez Taveras, William Ramón Rodríguez Rodríguez, Samuel Elías Ceballos Ramos, Ana Delia Isidra Tavarez Soto, Tomás Enmanuel Rojas Guzmán, Julio César Almonte Espinal, Arsenio Rafael Reyes, Yanuel Morales, Noel de Jesús Padilla Minaya, Fausto Merán, José Rosario Marte, José Alfonso Acevedo García, José Miguel Cruz Hiraldo, Rubén Amauris Ramírez, Rubén Darío Núñez Ortega y José Carlos Montero Troncoso, este último, un empleado de la Junta Central Electoral.
En la instancia de medida de coerción el Ministerio Público establece que estas actividades fraudulentas afectaron a ciudadanos de República Dominicana que han visto afectada su identidad, un derecho constitucional, así también la Junta Central Electoral, mediante la afectación de la fe pública de los documentos emitidos por el Estado dominicano, que garantizan la identidad y la certeza del registro de los actos que realizan las personas durante su vida civil.
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La investigación de la Operación Colibrí coordinada por la Fiscalía de Santiago y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Policía Nacional, se desarrolla con el apoyo de la Junta Central Electoral, cuyas direcciones de Seguridad Civil, Inspectoría, Cedulación y Consultoría Jurídica, vigilaban el comportamiento de personas que alrededor de sus oficialías y dependencias ofrecían servicios fraudulentos, con el concurso y apoyo de al menos un empleado del organismo que está entre los sometidos a medida de coerción.
Durante las diligencias de campo, incluyendo 18 allanamientos, más de 20 fiscales del Ministerio Público y unos 200 agentes de la Policía Nacional, se incautaron de evidencias materiales, documentales, y otras, como plásticos para la impresión de cédulas, carnet, licencias; también títulos de propiedad falsificados, entre otros elementos que constituyen una irrefutable demostración de la implicación de los detenidos con los hechos.
Además, entre lo incautado hay dispositivos electrónicos que utilizaban para el borrado de datos originales, para emitir títulos y cédulas a nombre de terceros.
El titular de la Fiscalía de Santiago, magistrado Osvaldo Bonilla, indicó este viernes que los allanamientos se desarrollaron en centros de internet que servían como laboratorios para estas tareas fraudulentas, oficinas de abogados así como viviendas, en donde se incautaron de las pruebas que serán presentadas al tribunal.
«La que nos ocupa es una investigación en la que trabajábamos junto a la Junta Central Electoral (JCE), hace aproximadamente un año. El impacto de las actividades desarrolladas por esta estructura lo medimos en función de la amenaza que representó para la seguridad jurídica de la JCE, el Ministerio de Interior y Policía, entre otras instituciones a las que ha afectado», estableció Bonilla.
Además de la emisión fraudulenta de cédulas de identidad, esta organización criminal, que amenazó la seguridad jurídica de modo que transgredieron la credibilidad de la documentación pública emitida por los órganos del Estado, se especializaba en falsificar diplomas de bachiller, actas de bautizo, matrimonio y actas de defunción.
Entre las imputaciones que le hace el Ministerio Público está la suplantación de identidad de personas dominicanas fallecidas para facilitar a ciudadanos haitianos actas y cédulas dominicanas.
Falsificaban documentos de organismos de seguridad del Estado como el J-2 del Ejército, el Ministerio de Interior y Policía, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), entre otros organismos.
Tenían en sus poderes plásticos y hojas timbradas de distintas instituciones como el Poder Judicial el Banco de Reservas, el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (INTRANT) y la Jurisdicción Inmobiliaria de Santiago.
También apostillaban documentos, luego de adulterados, para que se pudieran utilizar en el extranjero.
La Fiscalía de Santiago presentó contra los imputados cargos provisionales por violación a los artículos 265, 266, 145, 147, 148, 150 y 151 del Código Penal Dominicano; también los artículos 13 y 14 numeral 4 de la Ley 8-92 sobre Cédulas de Identidad y Electoral; artículos 86 y 88 de la Ley 172-13 sobre Protección Integral de los Datos Personales; artículo 6 párrafos 17, 18 y 19 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
En adición, contra Acevedo García, se presentan cargos por la violación a los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas de Fuego y Materiales Relacionados.
Varios de los imputados operaban en los alrededores de las dependencias de la JCE, ofreciendo diversos servicios a ciudadanos para falsificar documentos a cambio del pago de sumas que oscilan entre $5,000 y $20,000 pesos dependiendo del tipo de documento requerido.
