Odiosas e ilegales alertas migratorias

En la República Dominicana, la libertad de tránsito es un derecho fundamental establecido en la Constitución y, como tal, constituye una responsabilidad que el Estado tiene que garantizar bajo cualquier circunstancia en favor de las personas.

Ninguna persona debería ser hostigada ni molestada, excepto por causas justificadas, al momento de movilizarse por cualquier parte del territorio nacional, que también incluye salir o entrar por algún puerto o aeropuerto del país.

El preámbulo obedece a que en esta ocasión quiero comentar el padecimiento que sufren dominicanos, como mi caso, cuando viajan, debido a las odiosas e ilegales alertas migratorias, sin que existan razones para que esto ocurra en terminales portuarias o aeroportuarias dominicanas. Se trata de una barbaridad violatoria de la Constitución de la República.

En mi caso nunca se me ha abierto un expediente de querella ni siquiera ante un alcalde pedáneo, mucho menos en el Ministerio Público, por la gracias y la bendición de Dios.

Sin embargo, la semana pasada, volví a confrontar el inconveniente de siempre cuando procedía viajar al exterior a través del Aeropuerto Internacional de Las Américas José Francisco Peña Gómez: acudir a la oficina de un oficial superior de la Dirección General de Migración para que autorice la salida. Igual situación se presentó al regreso, en la terminal de Punta Cana.

Cada vez que expreso mis quejas se limitan a responderme que los nombres y el apellido que poseo son muy comunes en la República Dominicana y que, por esa razón, suele pasar que figure en la alerta computarizada. Naturalmente, el argumento no me convence, porque toda persona que porte una Cédula de Identidad y Electoral y un Pasaporte puede ser depurada por el propio oficial que inicialmente recibe la documentación de viaje.

Hasta la propia Policía Nacional ya realiza las depuraciones in situs.
La Dirección General Migración podrá alegar que al final del día no se produce la afectación del derecho a la libertad de tránsito, en vista de que termino entrando o saliendo del territorio nacional; cuestión que es cierta, pero no deja de afectar la libertad constitucional a no ser molestado.

Nadie discute que no se trata de impedimentos de salida. No, las alertas migratorias no son impedimentos de salida del territorio nacional, pero la simple demorada se convierte en una violación a la dignidad y los derechos humanos.

Lo inverosímil está en que más de un titular de la Procuraduría General de la República ha ordenado a Migración el cese del referido mecanismo de control oficial, sin resultados positivos en la práctica. La última en anunciarla fue Miriam Germán Brito, en el año 2021.

Todo eso ocurre a pesar de que la República Dominicana representa un Estado Social y Democrática de Derecho, fundamentado en la dignidad de las personas.

Desafortunadamente, hemos ido abandonando los principios. Vale la pena referir en este punto la frase de Benito Juárez, político mexicano, cuando dijo que “los hombres no son nada, los principios lo son todo”.

Y ciertamente que las personas que no observan los principios morales se convierten en mediocres, a las que el filósofo José Ingenieros definiría como “aquellas que tienen ruinas en el cerebro y prejuicios en el corazón”.

Realmente no se trata de una cuestión difícil de solucionar en el ámbito institucional. Basta iniciar con cosas sencillas, como que el poder garantice la libre circulación de personas que no merecen ser molestadas.

No deseo a nadie verse en una pantalla de un ordenador que diga: ¡Sospechoso!