Por la imputación de los hechos, las personas investigadas, el rosario de corrupción en República Dominicana y la impunidad cómplice de parte importante del sistema político y los poderes del Estado, el caso Odebrecht deberá marcar un cambio radical de lo que ha pasado históricamente.

Ese giro implica acusaciones y sanciones penales y civiles ejemplares para quienes traicionan el mandato de bien administrar la cosa pública.

Para que esa inflexión se produzca el Ministerio Público debe hacer una investigación objetiva, responsable, general y sin discriminaciones impropias.

Debe abrir la caja de Pandora, entregada desde el nacimiento mismo de la República a los mandatarios, legislativos, ejecutivos y judiciales con instrucciones de no abrirla jamás.

Y ya no por curiosidad, como Pandora, por no saber el contenido de la mítica tinaja ovalada, sino por el conocimiento de su contenido, que son los males que han acompañado parte del ejercicio del poder, de manera especial la corrupción y la impunidad.

Pero después de la salida de estos males y el cierre de la caja debe quedar en su interior la esperanza. Esta, como la fe del pueblo en la justicia, solo son posibles cuando el Procurador General de la República (PGR), la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción (PEPCA) y los jueces despejen las grandes dudas que se ciernen por notables actuaciones condicionadas políticamente, dirigidas, arbitrarias, abusivas y con objetivos ajenos a la justicia.

De conducir investigaciones, medidas de coerción, acusaciones y sentencias preconcebidas, con fines espurios, se perderá la esperanza, que fue lo último que quedó en la caja pandoriana, y se destapa la caja de la ilegitimidad y la desconfianza.

La lista de imputados elegida por el PGR y la PEPCA ¿es cerrada, como anunció el Procurador en su discurso posterior al arresto de los políticos, funcionarios y empresarios investigados? ¿Incluye el catálogo gente únicamente por razones distantes de los propios de una investigación seria?

Por lo que ha ocurrido hasta ahora el Ministerio Público muestra, lamentablemente, que pueden ser otros los propósitos perseguidos, alejando con esto la confianza ciudadana en las instituciones fundamentales del sistema democrático.

Ojalá esté equivocado y me convenzan de lo contrario para que la historia lo tenga en el lugar merecido.