SANTO DOMINGO.- El Consejo Disciplinario del Ministerio Público destituyó a ocho miembros de la institución en los últimos años, tras comprobar que cometieron faltas muy graves durante el ejercicio de sus funciones, favoreciendo en algunos casos al crimen organizado y, en otros, incurriendo en abuso de poder.
Entre los miembros del Ministerio Público desvinculados se encuentran: José Andrés Fernández, Henry Alberto Fernández, Henry Alberto Romero, Daniel Acevedo, Luis González, Nancy Rivas, Mauricio Castillo Ozorio y Nelson Rodríguez.
Además de la destitución, el órgano disciplinario del Ministerio Público dispuso que los sancionados no podrán volver a ocupar cargos dentro de la institución.
Para que el Consejo Disciplinario adopte su decisión en cada caso, la Inspectoría General del Ministerio Público debe realizar previamente una investigación exhaustiva contra el funcionario en cuestión. Esta investigación se lleva a cabo mediante oficio o denuncia, y tiene como objetivo determinar las faltas atribuidas a los miembros y presentar la acusación correspondiente.
La decisión de destituir a los fiscales fue adoptada luego de declarar admisible, regular y válida la acusación disciplinaria presentada por la Inspectoría General del Ministerio Público, la cual fue realizada conforme a la normativa vigente, tras comprobarse la comisión de faltas graves y muy graves.
Cabe recordar que varios miembros del Ministerio Público están siendo investigados por su presunta implicación en el “Caso Gavilán”, una estructura criminal dedicada al cibercrimen, que utilizaba maniobras informáticas fraudulentas para acceder ilegalmente a los sistemas de la Procuraduría General de la República (PGR) y alterar, eliminar o dañar registros criminales (fichas) de personas involucradas en delitos graves como sicariato, violaciones sexuales y otros crímenes.
Por este Caso Gavilán, ya fueron condenados los primeros implicados incluido un fiscalizador, luego de que el Ministerio Público demostrara los hechos cometidos, que a través de esas acciones violaron el sistema de justicia dominicano y afectaron la base de datos de la infraestructura tecnológica de la Procuraduría General de la República y del Ministerio Público. Esto permitió la manipulación de los antecedentes penales de delincuentes involucrados en graves delitos.
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