La Ley de libre acceso fue concebida para facilitar el flujo la información de interés público y daba vías administrativas para obligar a quienes se resistían a ofrecerlas.
Sin embargo, funcionarios se han dado a la tarea de utilizar ese importante recurso para obstruir la labor informativa de los periodistas profesionales y para cualquier tipo de información requerida se acogen al camino de excepción concebido por la ley.
Informaciones altamente triviales requeridas por medios periodísticos reciben como respuestas: “hacer una carta y remitirla al departamento de libre acceso a la información pública para suministrarla en el plazo que manda la ley”. Muchas veces se trata de un simple dato de fácil acceso para el funcionario responsable o sus mal llamados departamentos de comunicaciones, pero prefieren obstruir el trabajo de los medios periodísticos.
La razón fundamental de esta actitud es la “hipersensibilidad” o como forma de “castigo” a periodistas que cuestionan.
Citamos esta práctica para sólo hacer mención de una que en los últimos meses se suma a otras que, sin dudas, encaminan a la República Dominicana a desmontarse del lugar cimero que había alcanzado en respeto a la libertad de prensa en América.
Nos consta que para el presidente Luis Abinader la transparecencia y respeto a la libertad informativa forman parte de su esencia, pero también nos consta que muchos funcionarios no actúan en consecuencia.
Deben entender esos servidores públicos que la Ley de libre acceso a la información pública busca agilizar el flujo informativo y que ellos se ponen del lado oscuro de la democracia al tergiversarla para usarla como obstáculo para el ágil ejercicio del periodismo profesional.
