Washington.- El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, prevé firmar las nuevas sanciones a Venezuela aprobadas esta semana por el Congreso, unas medidas que para el Gobierno de Nicolás Maduro suponen una escalada en la “confrontación” entre ambos países.
La Cámara de Representantes de EE.UU. dio luz verde este miércoles a una ley que, de entrar en vigor, congelará activos y prohibirá emitir visados a funcionarios del Gobierno venezolano vinculados con los episodios de violencia y represión que vivió el país caribeño en las manifestaciones estudiantiles de febrero.
Para que las sanciones entren en vigor, tras la aprobación del Senado el lunes y de la Cámara el miércoles, sólo hace falta ahora la rúbrica del presidente Obama.
“El presidente planea firmar la ley que aprobó el Congreso”, indicó hoy el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, en su rueda de prensa diaria, sin dar detalles de cuándo pondrá su rúbrica.
El portavoz señaló que la Administración comparte las preocupaciones del Congreso y de otros actores regionales e internacionales sobre la situación en Venezuela.
“No hemos permanecido en silencio, ni lo haremos, frente a acciones del Gobierno venezolano que violan los derechos humanos, las libertades fundamentales y las normas democráticas”, enfatizó el vocero.
El Gobierno de Maduro no ha tardado en reaccionar y poco después de que el Congreso aprobara las sanciones el canciller venezolano, Rafael Ramírez, consideró que, si Obama firma la ley, “profundizará la confrontación” con Caracas y “se quedará aislado».
En la misma línea, el presidente de Venezuela advirtió el martes de que Estados Unidos “saldrá muy mal parado” si impone nuevas sanciones a Venezuela y le llamó a “recuperar el equilibrio” con el país caribeño.
En EE.UU., tras la aprobación a viva voz por unanimidad de las sanciones este miércoles en la Cámara baja, el presidente de Comité de Asuntos Exteriores, el republicano Ed Royce, dijo que con esa decisión Estados Unidos “envía un mensaje contundente de apoyo a todos los venezolanos que anhelan libertad, democracia e imperio de la ley».
El impulsor del Proyecto de Ley para la Defensa de Derechos Humanos y Sociedad Civil de Venezuela y presidente del Comité de Asuntos Exteriores del Senado, el demócrata Robert Menéndez, pidió a la comunidad internacional seguir el ejemplo de Estados Unidos.
“Los Gobiernos de nuestro hemisferio y de todo el mundo deben mostrar solidaridad con los ciudadanos de Venezuela negando a funcionarios venezolanos involucrados en violaciones de derechos humanos la entrada a sus países y el acceso a sus sistemas financieros”, esgrimió el senador de origen cubano.
“La lucha para ofrecerle nueva esperanza y oportunidad a Venezuela sólo comienza. Tenemos que seguir exigiendo el fin de la persecución política, incluyendo los esfuerzos para callar a líderes de la oposición como Leopoldo López y María Corina Machado”, añadió Menéndez.
El senador destacó, además, la perseverancia de la congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen para lograr que las sanciones a Venezuela vieran la luz en el Congreso estadounidense.
Ros-Lehtinen, nacida en Cuba, celebró el voto en el Capitolio “con una sola voz” ante “la llamada de ayuda del pueblo de Venezuela».
Otro de los impulsores de la ley, el senador republicano Marcos Rubio, dijo tras la aprobación- “Con estas sanciones, podemos poner fin a los días en que individuos del régimen violan los derechos humanos del pueblo venezolano durante la semana y luego se pasan sus vacaciones en la Florida viviendo de lujo y malgastando la riqueza de Venezuela».
“Este primer paso lo sentirán los hipócritas del régimen de Nicolás Maduro que hablan tanto del sacrificio socialista, pero que viven exentos de los fracasos de este sistema, y dentro de un mundo de fantasía con iPads forradas en oro y carros de lujo, todo esto mientras al pueblo venezolano le cuesta trabajo cubrir las necesidades básicas como comida y papel sanitario”, agregó Rubio.
Durante meses, la Administración Obama se opuso a aumentar las sanciones contra el Gobierno venezolano en respuesta a los episodios de violencia y represión que se desencadenaron en el país desde las manifestaciones estudiantiles del pasado febrero, con la esperanza de que oposición y Gobierno acercaran posturas.
La Casa Blanca había reiterado, desde que comenzaron las protestas en Caracas en las que murieron más de 40 personas, que la resolución del conflicto debía resolverse de manera interna y negociada.
Sin embargo, el Gobierno de EE.UU. decidió en julio pasado finalmente suspender las visas de algunos funcionarios venezolanos, después del fin de las negociaciones y tras el último encontronazo entre Venezuela y Estados Unidos con la puesta en libertad del general venezolano Hugo Carvajal, reclamado por la justicia estadounidense.
