SANTO DOMINGO.- El Congreso Nacional de la República Dominicana ha convertido en Ley un nuevo Código Penal, una reforma largamente esperada y objeto de múltiples debates a lo largo de casi dos décadas, especialmente por el tema referente a las tres causales para despenalizar el aborto.
Esta pieza legislativa sustituye al viejo cuerpo normativo vigente desde 1884 y que tiene su origen en el Código Napoleónico de 1810 e introduce una serie de disposiciones que buscan responder a las realidades jurídicas, sociales y criminales del siglo XXI.
El nuevo Código fue aprobado por el Senado de la República, luego de que la Cámara de Diputados lo aprobara la noche anterior. Una comisión bicameral le hizo 62 modificaciones al que inicialmente había aprobado por el Senado.
La pieza legislativa tenía más de 20 años de estancamientos, observaciones y reintroducciones, retrasando la inclusión de nuevos delitos propios de la modernidad, la sistematización de penas y procedimientos, y el alineamiento con estándares internacionales en materia de derechos humanos y seguridad ciudadana.
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La pieza incluye la figura del feminicidio, delitos electrónicos y digitales, agrava penas por violencia de género y tipifica con claridad el delito del sicariato.
El nuevo Código incluye, por primera vez, figuras delictivas asociadas a realidades modernas como los crímenes de odio, la corrupción y el acoso.
Uno de los avances más relevantes es la inclusión de un régimen que permite imputar penalmente a empresas y otras personas jurídicas por hechos delictivos cometidos en su beneficio, como corrupción, lavado de activos o delitos ambientales. Esta figura inexistente en el código anterior moderniza el sistema penal conforme a prácticas internacionales.
Se incorporan delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales, como la contaminación dolosa, el tráfico de especies protegidas, la tala ilegal y la ocupación de áreas protegidas, los cuales no estaban contemplados de manera específica en el código anterior.
El nuevo Código endurece penas en delitos como homicidio, secuestro, violación sexual, narcotráfico, trata de personas y corrupción. El homicidio agravado, por ejemplo, puede ser castigado con hasta 40 años de prisión.
Se amplían los plazos de prescripción de la acción penal para ciertos delitos graves, incluyendo la corrupción y el abuso sexual contra menores, permitiendo que los procesos no queden impunes por el simple transcurso del tiempo.
Se ha incorporado además un enfoque de proporcionalidad de penas, que busca reducir la discrecionalidad judicial, al tiempo que introduce mecanismos alternativos a la prisión para delitos menores, como la pena restrictiva de libertad o servicios comunitarios.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, resaltó que en marzo de este año se conformó una comisión bicameral integrada por 11 senadores y 21 diputados, la cual celebró 25 reuniones con una asistencia activa de más de 30 legisladores por encuentro. El resultado: 162 modificaciones introducidas en segunda lectura para adecuar el texto a las leyes ya vigentes.
Explicó que uno de los desafíos más complejos fue adaptar el articulado del nuevo Código a más de una decena de leyes especiales, entre ellas la Ley 137-03 sobre Trata de Personas, la Ley 53-07 sobre Crímenes de Alta Tecnología, la Ley 448-06 sobre Soborno, la Ley 631-16 sobre Armas y la recientemente reformada Ley 340-06 de Compras y Contrataciones.
“Por eso tantas modificaciones. Porque este proyecto no fue actualizado en su momento con todas esas leyes especiales que ya están vigentes”, explicó De los Santos.
“Quizá no tengamos el código perfecto, pero sí el mejor y más auténtico que haya tenido la República Dominicana”, concluyó De los Santos al cerrar la sesión, destacando el esfuerzo colectivo del Congreso y los aportes del sistema judicial.
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