Nueve provincias continúan sin computadoras para registrar denuncias: la cara incómoda de la reforma policial
Santo Domingo.- Mientras el Gobierno presenta la tecnología como uno de los pilares de la transformación de la Policía Nacional, un levantamiento técnico realizado por Josefina Reynoso, directora del Centro de Estudios de Seguridad y Defensa (CESEDE), no registra computadoras destinadas específicamente a recibir denuncias en nueve unidades territoriales del país.
La experta en seguridad ciudadana señala que el hallazgo coloca bajo la lupa una pregunta concreta de la reforma policial: ¿hasta dónde está llegando la modernización tecnológica en los destacamentos donde el ciudadano entra en contacto con la Policía?
Desde 2021 se ha hablado de incorporar cámaras y sistemas tecnológicos a los destacamentos policiales. Hasta la fecha contamos con apenas un 24.4 % de computadoras a nivel nacional, y existen destacamentos que todavía no cuentan con instalación de cámara.
En el boletín Pulso No. 2 de CESEDE, Reynoso identifica que desde 2021 se ha planteado la incorporación de cámaras y herramientas tecnológicas a los destacamentos policiales.
Sin embargo, el levantamiento de CESEDE señala que apenas el 24.4 % de las computadoras está disponible a nivel nacional.
De acuerdo con el estudio, en el caso específico de la recepción de denuncias, el informe registra 172 computadoras para los 724 destacamentos identificados.
CESEDE advierte que la cantidad de equipos registrados no permite determinar que un porcentaje equivalente de destacamentos cuente con una computadora, debido a que varios equipos pueden estar concentrados en una misma unidad.
El levantamiento tampoco permite afirmar que en esas nueve provincias no exista ninguna computadora de uso policial.
Lo que establece es que no se registran computadoras destinadas específicamente a la recepción de denuncias en esas unidades territoriales.
Los territorios son Azua, Dajabón, Hermanas Mirabal, Monte Cristi, Monte Plata, San Cristóbal (Villa Altagracia), Santiago, Santo Domingo Oeste y Sánchez Ramírez.
Una inversión que debe traducirse en capacidad
El contraste adquiere mayor relevancia por los recursos que el Gobierno ha anunciado para transformar la institución.
El 4 de septiembre de 2023, el presidente Luis Abinader informó que se habían colocado RD$4,200 millones adicionales al presupuesto de la Policía para el proceso de reforma.
Ese mismo día anunció la construcción de 126 destacamentos y presentó las herramientas tecnológicas como parte de la transformación policial.
Estos datos muestran que existe inversión y que se han ejecutado intervenciones. El punto que plantea CESEDE es diferente: cómo se distribuyen esas capacidades a través de la red territorial de la Policía.
La denuncia es también información policial
La computadora ubicada en el área de recepción no constituye únicamente una herramienta administrativa.
El informe del CESEDE establece que el registro de una denuncia puede alimentar bases de datos, identificar patrones delictivos, establecer zonas de incidencia y aportar información para orientar investigaciones y políticas de prevención.
Por eso, una distribución desigual de los equipos puede convertirse en una diferencia en la capacidad de registrar y procesar información entre territorios.
El Presupuesto General del Estado de 2026, además, fija para los servicios de seguridad ciudadana y orden público recursos por RD$36,395.9 millones y contempla una meta de atención y resolución de 59,900 denuncias de ciudadanos querellantes.
El contraste no demuestra que la falta de una computadora haya impedido recibir una denuncia en esos territorios.
Sí plantea una cuestión verificable sobre la capacidad tecnológica instalada para registrar de manera homogénea esa información.
La tecnología fue parte de la promesa
La modernización tecnológica tampoco apareció recientemente en el discurso oficial.
El 24 de mayo de 2022, El Día publicó un reporte en el que se planteaba la importancia de los equipos tecnológicos para la reforma policial y se destacaban las cámaras corporales como herramientas vinculadas con transparencia, supervisión y protección de ciudadanos y agentes.
La existencia de plataformas digitales, sin embargo, no elimina la importancia del destacamento físico. El ciudadano que acude personalmente continúa dependiendo de la capacidad instalada en esa estación para que su denuncia sea recibida y procesada.
También hay una brecha en las cámaras
El levantamiento de CESEDE encuentra otra diferencia territorial.
Registra 665 cámaras de vigilancia en 16 unidades territoriales o regionales, mientras que en otras 12 unidades no aparecen cámaras registradas.
Aquí también es necesario precisar el alcance del dato: no permite concluir que esas unidades carezcan completamente de cámaras. Una estación puede concentrar varios dispositivos y otra ninguno.
Lo que sí muestra el levantamiento es que la distribución registrada de la tecnología no es homogénea.
El reto no es anunciar tecnología, sino distribuirla
La reforma policial dominicana ha incorporado inversión, nuevas herramientas, intervenciones de destacamentos y sistemas de medición.
El propio Gobierno ha presentado esos elementos como parte de un proceso de transformación institucional.
Pero los datos de CESEDE introducen una pregunta que no se responde con el monto global de la inversión ni con el número de equipos adquiridos.
Se responde mirando el territorio. 172 computadoras para 724 destacamentos y nueve unidades territoriales sin computadoras registradas específicamente para recibir denuncias.
La cifra no permite afirmar que la Policía no pueda recibir denuncias en esos lugares. Sí permite señalar una brecha en la disponibilidad tecnológica registrada y abre el debate sobre si la modernización está llegando con la misma capacidad a todos los puntos de atención ciudadana.
Porque la reforma policial no se prueba únicamente en sus centros de mando ni en los anuncios de nuevas herramientas.
También se prueba cuando un ciudadano abre la puerta de un destacamento, presenta una denuncia y espera que esa información entre al sistema que debe ayudar al Estado a protegerlo.
Sobre el autor
Katherine Nicole Espino Cuevas. Periodista, locutora profesional y CMM. Máster en Comunicación Política Avanzada por Next Educación (Madrid). Amante de la escritura bien hecha, las historias con sentido humano y las causas sociales. Creo en la comunicación con propósito, en los valores y en la fe que transforma.
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