Nueva ley congela por 10 años el mercado de bancas de lotería, que llegó a registrar más de 71 mil establecimientos en 2022

Santo Domingo.– Durante años las bancas de lotería y de apuestas deportivas se han multiplicado como la paja en el país hasta convertir los juegos de azar en una actividad con decenas de miles de puntos de venta distribuidos por todo el territorio nacional.

Es común incluso entre estudiantes de periodismo hacer el ejercicio de contar la cantidad de bancas de lotería y contrastarlas con la cantidad de escuelas como práctica de redacción.

El tamaño alcanzado por el sector puede medirse a partir de un dato oficial que requiere actualización. Pero para el 2022, un levantamiento preliminar realizado por la Dirección de Casinos y Juegos de Azar del Ministerio de Hacienda identificó más de 71 mil bancas de lotería, concesionarias y deportivas registradas para fines tributarios.

La cifra, sin embargo, tenía una particularidad. Las propias autoridades advirtieron entonces que aparecer en esa base de datos y pagar los impuestos correspondientes no significaba necesariamente que todos esos establecimientos fueran legales o estuvieran en proceso de certificación.

Ahora, una Ley creada con apoyo de legisladores que también hacen negocio con bancas de lotería, busca “limitar” la práctica que a todas luces es dañina no así ilegal.

El Senado aprobó este miércoles 16 de septiembre, con las modificaciones introducidas previamente por la Cámara de Diputados, el proyecto de ley que regula los juegos de azar, iniciativa de los senadores Félix Bautista y Pedro Catrain.

Con la aprobación, la pieza concluyó su trámite congresual y pasa ahora al Poder Ejecutivo para su eventual promulgación u observación.

Entre sus disposiciones de mayor alcance figura una moratoria de diez años para la instalación de nuevos establecimientos, período durante el cual el Estado deberá concentrarse en fiscalizar y depurar el universo existente.

Un mercado difícil de cuantificar

Determinar la cantidad exacta de bancas legales existentes actualmente en República Dominicana sigue siendo una tarea pendiente.

La Dirección de Casinos y Juegos de Azar es el organismo encargado de los permisos y mantiene categorías diferenciadas para las bancas de lotería y las bancas de apuestas deportivas.

El Ministerio de Hacienda conserva además resoluciones mediante las cuales se establecieron procedimientos de regularización y requisitos para otorgar licencias a establecimientos incorporados a ese proceso.

Eso significa que el número histórico de más de 71 mil establecimientos registrados no puede utilizarse como equivalente a 71 mil bancas legales actualmente operando.

Para determinar la dimensión real del mercado será necesario que Hacienda establezca cuántas bancas de lotería poseen permisos vigentes, cuántas bancas deportivas están autorizadas, cuántos establecimientos permanecen dentro de procesos de regularización y cuántos han sido clausurados, suspendidos o identificados como ilegales.

La importancia de contar con un corte actualizado queda demostrada por las propias actuaciones recientes de las autoridades. En julio pasado, por ejemplo, Hacienda publicó las resoluciones 212-2026 y 213-2026 mediante las cuales ordenó revocar permisos de bancas deportivas y de lotería vinculadas a un operador.

De modo que la cifra cambia conforme se conceden, regularizan, suspenden o revocan permisos aunque esto último es poco si se toma en cuenta la proporción general.

Diez años para poner la casa en orden

Es dentro de ese escenario que adquiere algo de importancia la decisión del Congreso de impedir durante una década la apertura de nuevos establecimientos.

La legislación aprobada consta de 196 artículos distribuidos en 22 capítulos y sustituye el conjunto de disposiciones mediante las cuales históricamente ha sido regulada la actividad, incluyendo la Ley 351 de 1964 y otras normas posteriores.

Durante más de seis décadas, el Estado dominicano fue agregando leyes, decretos y resoluciones para responder al crecimiento de distintas modalidades de apuestas.

La nueva legislación pretende concentrar ese entramado en un solo régimen.

Para ello crea la Dirección General de Juegos de Azar, un organismo especializado encargado de la regulación y fiscalización de la actividad, acompañado de un esquema de conducción colegiada.

Pero la reorganización institucional representa apenas una parte de los cambios.

Bancas lejos de escuelas e iglesias

Otro de los puntos que podría transformar la distribución territorial del negocio es la obligación de mantener una distancia mínima de 500 metros de determinados lugares considerados sensibles.

La prohibición alcanza escuelas, colegios, universidades, estancias infantiles, hospitales, Centros de Atención Integral para la Discapacidad (CAID), iglesias, cuarteles y sedes de los poderes del Estado.

La legislación también introduce mecanismos dirigidos a reducir los efectos sociales asociados al juego.

Uno de ellos es el Registro Nacional de Autoexclusión, mediante el cual una persona podrá solicitar gratuitamente que se le impida apostar.

Los operadores deberán consultar ese registro antes de permitir determinadas operaciones o admitir al usuario en sus servicios.

La iniciativa contempla además destinar el 10 % de las multas aplicadas al sector a programas de prevención y tratamiento de la ludopatía, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública.

La apuesta ahora está en internet

Mientras el Estado intenta organizar los miles de establecimientos físicos, la legislación dirige una parte importante de sus controles hacia un mercado que ya no necesita una banca en una esquina para funcionar: las apuestas por internet.

La normativa establece que los operadores digitales deberán contar con licencia y estar registrados bajo el dominio geográfico dominicano .do.

Además, contempla un impuesto mensual del 10 % sobre las operaciones de los juegos realizados por internet.

El Estado también tendría herramientas para enfrentar a las plataformas que operen sin autorización. El nuevo regulador podrá gestionar, en coordinación con el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), el bloqueo de dominios y aplicaciones ilegales, así como requerir a las entidades de pago la suspensión de transacciones hacia esos operadores.

La ley agrega otro filtro: la identidad del apostador deberá ser comprobada. En las apuestas digitales deberá verificarse la cédula del usuario contra los registros de la Junta Central Electoral antes de habilitar determinadas operaciones, una medida dirigida particularmente a impedir el acceso de menores.

Seis concesionarias privadas de lotería

El universo de los juegos de azar tampoco se limita a las bancas.

La Dirección de Casinos y Juegos de Azar mantiene actualmente en su relación oficial seis concesionarias de loterías electrónicas: GSTAR Services, que opera La Primera; La Suerte Dominicana; Loto Real del Cibao; LoteDom; Loteka y LEIDSA.

A estas se suma la Lotería Nacional, institución estatal, por lo que debe hacerse una distinción entre el número de concesionarias privadas autorizadas y el número de operadores de sorteos que existen en el país.

Hasta diez años de prisión

El otro componente con el que el Congreso pretende cambiar las reglas del sector es el régimen de consecuencias.

La nueva legislación contempla multas que pueden alcanzar 400 salarios mínimos, cierre de establecimientos, revocación de licencias e inhabilitación de socios y administradores.

Dependiendo de la infracción, también establece penas de prisión de hasta diez años.

El objetivo es que obligaciones como las distancias mínimas, la prohibición de acceso a menores, las licencias de operación y los controles tecnológicos no dependan exclusivamente de disposiciones administrativas.