SANA.-El Parlamento yemení aprobó ayer una petición del asediado presidente del país para imponer una ley de emergencia durante 30 días, el último indicio de que Alí Abdalá Salé intenta aferrarse al poder a pesar de un levantamiento popular que exige su cese.
El partido en el poder controla la asamblea legislativa de 301 integrantes. La ley da a las fuerzas de seguridad poderes amplios para arrestar y detener a sospechosos sin proceso judicial, suspender la Constitución, permitir la censura de los medios y prohibir las manifestaciones en espacios públicos.
El martes, Salé ofreció dejar el poder para finales de año, pero la oposición rechazó la oferta.
También había advertido que el país podría hundirse en una guerra civil tras la deserción de altos mandos de las fuerzas armadas que se unieron a las fuerzas opositoras.
No fue desglosada la votación, realizada a mano alzada en medio de un ambiente caótico. Dirigentes juveniles congregados en la plaza de Sana, que ha quedado transformada en el epicentro de las protestas, restaron importancia a la medida. Es ahora la revolución la que decide el futuro de la nación, dijo Jamal Anaam, uno de los líderes de las protestas.
No prestamos atención alguna a esas medidas, agregó. La aceleración del conflicto ha ocasionado temores de que Yemen pueda caer en una inestabilidad mayor.
Las facciones rivales de las fuerzas armadas han emplazado tanques en Sana, con unidades al mando por uno de los hijos de Salé protegiendo el palacio presidencial y otras unidades leales al comandante disidente protegiendo a los manifestantes.
Salé, que ha trabajado estrechamente con Estados Unidos en su ofensiva contra la filial yemení de al-Qaida, ha incrementado de manera notable su campaña de represión contra los manifestantes antigubernamentales y sus fuerzas de seguridad mataron el viernes a balazos a más de 40 personas en Sana.
