Edilí Arias 
Clara Morel y Mariano Mogloina Jiménez en visita a El Día.
Santo Domingo.– Maribel Pierre es una joven de 25 años de edad, saludable y lleno de vigor, sin embargo es un “muerta civil”, no puede tener tarjeta de crédito, licencia para conducir, casarse; por no tener un documento de identidad oficial.
Como ella, miles de jóvenes han quedado en una especie de limbo jurídico producto de la sentencia 168-13, emitida por el Tribunal Constitucional, que estableció que a los hijos de extranjeros en tránsito no les corresponde la nacionalidad dominicana.
La sentencia le quitó la nacionalidad a cerca de 61 mil jóvenes descendientes de migrantes haitianos y de esos en la actualidad 27 mil aún no han podidos acceder a los documentos.
Nueve años después de emitida la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, el Estado dominicano continúa y agudiza los procesos de segregación y desnacionalización de más de 90 mil hombres y mujeres nacidos en este territorio.
Junto a Pierre estaba Mariano Mogloina Jiménez que es miembros de la Coalición Dominicanos por Derechos, que exige a las autoridades el fiel cumplimiento de la Ley 169-14 de Naturalización Especial.
Esta ley surgió para apaciguar los efectos de la sentencia 168-13 emitida por el Tribunal Constitucional, que estableció que a los hijos de extranjeros en tránsito no les corresponde la nacionalidad dominicana.
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Manifestó que con el incumplimiento de la citada ley han sido perjudicados cerca 61 mil jóvenes hijos de padres y madres extranjeros no residentes que nacieron en el país y que se les ha negado la nacionalidad dominicana.
“En mi caso particular, nací en el año 1997, mi padre entró con pasaporte; me están pidiendo una ficha que tenían al entrar, los documentos se van degradando con el tiempo’, explicó Maribel en visita a El Día.
Denunció que el Estado ha incumplido el compromiso asumido con la Ley 169-14 de enfrentar los problemas causados por la TC 168-13. A pesar de las promesas de solución en su programa de gobierno, las actuales autoridades han recrudecido la lógica de acoso y discriminación de nacionales por el origen migrantes de sus padres, en detrimento de miles de familias y comunidades de por sí afectadas por la pobreza y la exclusión social.
Denunció además, que cuando acuden a la Junta Central Electoral (JCE), les ponen trabas para poder acceder a los documentos que estos deben facilitarles.
La falta de acceso a documentos oficiales de esos miles de jóvenes los hace invisibles a la sociedad y crea una especie de bola de nieve; porque muchos de ellos han procreado hijos que por la falta de documentación no pueden ser declarados en el registro civil.
La Ley 169-14 de Naturalización estableció un régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional inscritas irregularmente en el Registro Civil dominicano y sobre naturalización.
“A ocho años de la misma no ha pasado nada, todo sigue igual o peor”, explicó el Mogloina Jiménez visiblemente conmovido.
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Manifestó que la ley es retroactiva aplicada para todos los dominicanos de ascendencia extranjera desde el período del 16 de junio de 1929 al 18 de abril de 2007 inscritos en los libros del Registro Civil dominicano.
“Reiteramos el llamado al presidente Luis Abinader a retomar los espacios de trabajo, escuchar las voces de las y los dominicanos afectados por la negación de sus documentos y falta de acreditación de su nacionalidad, le invitamos a conocer la realidad de sus comunidades y avanzar en el diseño de políticas públicas para enfrentar la inseguridad, la discriminación y desigualdad en la que viven”, dijo.
