El Consejo Nacional de Magistratura ha entrado de lleno en el proceso de escogencia de los nuevos jueces que integrarán la Suprema Corte de Justicia, por lo que ese órgano tiene sobre sí una enorme responsabilidad frente a la sociedad dominicana.
La etapa que inicia hoy, correspondiente a la evaluación de diez de los 16 jueces del máximo organismo de Justicia del país, sin duda resultará la más compleja, porque aunque cuenta con un reglamento para esos fines, queda marcada la dificultad de determinar con certeza qué y cómo evaluarlos objetivamente, sin que se arrojen dudas.
El solo el concepto de complejidad me conduce al filósofo francés de estos tiempos, Edgar Morín, que lo define como “la dificultad de pensar y de vivir”.
Posteriormente, procederá con la depuración y evaluación de otros 80 profesionales del Derecho que aplicaron. Esta responsabilidad les resultará mucho más exigente que la selección de los miembros que faltaban del Tribunal Constitucional y la conformación del Tribunal Superior Electoral, tareas de las cuales los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura salieron fortalecidos.
Esta vez, la sociedad está más pendiente y vigilante en torno a la decisión que adopte el referido órgano constitucional creado en 1994.
Indudablemente que la Suprema Corte de Justicia juega un rol determinante en el tejido social, en vista de que entre sus funciones figuran: conocer en única instancia de las causas penales seguidas al Presidente y al Vicepresidente de la República; a senadores, diputados; jueces de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Constitucional; ministros y viceministros; Procurador General de la República, jueces y procuradores generales de las cortes de apelación o equivalentes; jueces de los tribunales superiores de tierras, de los tribunales superiores administrativos y del Tribunal Superior Electoral; al Defensor del Pueblo; a miembros del Cuerpo Diplomático y jefes de misiones acreditados en el exterior; miembros de la Junta Central Electoral, de la Cámara de Cuentas y de la Junta Monetaria y conocer de los recursos de casación de conformidad con la ley.
Además, conocer, en último recurso, de las causas cuyo conocimiento en primera instancia sea competencia de las cortes de apelación y sus equivalentes; designar, de conformidad con la Ley de Carrera Judicial, los jueces de las cortes de apelación o sus equivalentes, de los juzgados de primera instancia o sus equivalentes, los jueces de la instrucción, los jueces de paz y sus suplentes, los jueces de cualesquier otros tribunales del Poder Judicial creados por la Constitución y las leyes.
Una cuestión clave radica en quién sería el nuevo presidente de la Suprema; existen especulaciones de nombres y de sectores de dónde provendría.
En ese sentido, se habla de la sociedad civil, también de que se decantaría por un juez de carrera u otro que tenga una inclinación marcadamente partidaria, dada la naturaleza política del Consejo Nacional de la Magistratura.
Una persona bien documentada con quien abordé la temática, me razonó lo siguiente: “No deberá ser un ‘socialité’, refriéndose a un representante de la sociedad civil, debido a que esa gente defiende sus intereses por coyunturas; ni juez de carrera, porque no tendría nada que agradecer a los políticos y diría que llegó a través de sus méritos personales”.
En caso de que mi contertulio tuviese la razón, entonces el titular de la Suprema Corte de Justicia habría de ser una profesional del Derecho que goce de la confianza del sector político en capacidad de tomar la decisión. Jorge Subero Isa y Mariano Germán Mejía reunieron ese perfil, y por eso dirigieron el Poder Judicial.
