En apenas un mes, la democracia dominicana estará, una vez más, a prueba con la celebración de las elecciones municipales, que servirán de marco a las congresuales y presidenciales previstas a llevarse a cabo en mayo de este año.

Indudablemente que se trata de un gran desafío para la sociedad el montaje de unos comicios que se caractericen por la transparencia y la paz ciudadana más allá de las votaciones.

La cuestión está en que el panorama electoral no parece despejado de perturbaciones. Las quejas relacionadas con el uso del voto automatizado y a otros aspectos del proceso electoral no han cesado de parte de una parte de los partidos de la oposición.

Tampoco el árbitro, la Junta Central Electoral (JCE), ha quedado exento de las críticas
Hasta el momento la organización del certamen ha sido accidentada, afectando considerablemente la credibilidad del órgano electoral. Los más pesimistas piensan que no se saldrá bien de los comicios de febrero próximo, lo que, de ocurrir así, no beneficiaría a ninguno de los actores involucrados ni al pueblo dominicano en general.

El más perjudicado sería el ya debilitado sistema de partidos y, como consecuencia, la democracia dominicana que aún no logra consolidarse plenamente.

Conocido es que el país cuenta con un sistema multipartidista de gran incidencia en vida democrática, pero que, a la vez, se caracteriza por la concentración del liderato político en pocas agrupaciones, limitando el desarrollo de los partidos minoritarios en sus esfuerzos por alcanzar posiciones de poder a través de los procesos electorales.

En el imaginario social dominicano aún repercute la crisis postelectoral del año 1994, la cual puso en peligro la paz social y cuestionó la propia soberanía nacional porque requirió, para superarla, de la intervención de gobiernos y de organismos internacionales.

Los líderes políticos tienen la oportunidad ahora de demostrar que se trata de tiempos pasados, aportando para que los comicios municipales se constituyan en un ejemplo de civismo y de ejercicio democrático.

El primer paso para ello consistiría en acompañar a la JCE en el montaje del certamen y dejar de lado las críticas, sin que ello implique la renuncia a sus derechos legítimamente justificados.

Una efectiva democracia electoral entraña desafíos que deben ser prevenidos con inteligencia. Hablamos de democracia electoral cuando el régimen en el que la lucha en procura del poder público se dirime entre opciones plurales reales, en colegios sin exclusiones y a través de procesos competitivos, reglados y dirigidos por una autoridad de garantizada neutralidad.

Naturalmente, el significado de la democracia electoral debe ser comprendido y asumido a plenitud también por los ciudadanos y ciudadanas, especialmente las élites políticas.

La Constitución de la República manda a la JCE a organizar, dirigir y supervisar las elecciones, garantizando la libertad, transparencia, equidad y la objetividad de las mismas. Y los partidos políticos deben unir esfuerzos con ese órgano para la celebración de unas elecciones libre de sospechas en febrero y mayo de este año.

Esa colaboración de los partidos es imprescindible para la sanidad del proceso; sin ella, las elecciones estarían amenazadas de una crisis postelectoral.