Santo Domingo.- El  Ministerio Público informó  hoy que en una segunda fase de la Operación Gavilán «Muchos de los bonificados»,  con el borrado  fichas penales van a estar siendo también sometidos por haber pagado los sobornos.

La fiscal Sourelly Jáquez explicó  que se investiga a todos los que, en este caso, ya sea fiscal, empleado,  persona beneficiada con retiro de fichas, se va a investigar cada alegato y cada elemento de prueba o evidencia que se tenga de que una persona fue favorecida. 

«Primero, se está restableciendo ya la base de datos de la Procuraduría General de la República, se tomaron las medidas previamente, antes, incluso, del operativo que dio origen a esta medida de coerción, y con relación a los beneficiados también”, dijo el representante del Ministerio Público. 

Para cinco principales cabecillas de la red el Ministerio Público solicitó la imposición de prisión preventiva.

Ayer durante el conocimiento de la medida de coerción,  siete de los doce imputados miembros de la red que borró y alteró registros de antecedentes penales a 16,958 personas, desmantelada la pasada semana con la Operación Gavilán admitieron los hechos. 

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Para los cinco principales cabecillas de la red el Ministerio Público solicitó la imposición de prisión preventiva y para los siete que admitieron los hechos, quienes colaborarán con la investigación del Ministerio Público, arresto domiciliario, impedimento de salida del país y presentación periódica. Además, solicitó que el proceso sea declarado de tramitación compleja.

El juez Rigoberto Sena se reservó la lectura del fallo para este miércoles 9 de agosto, a las 6:00 de la tarde, contra los 12 imputados por el Ministerio Público en la Operación Gavilán, una red que se dedicaba a eliminar y borrar los antecedentes criminales a cambio de soborno.

El caso 

Con la Operación Gavilán, el Ministerio Público también investiga a por lo menos siete fiscales contra los que procederá a solicitar ante las jurisdicciones correspondientes la designación de un juez especial, en cumplimiento del procedimiento particular establecido en el marco jurídico para la persecución penal contra servidores del sistema de justicia.

Asimismo, puso en marcha el debido proceso disciplinario a cargo de la Inspectoría General del Ministerio Público.

El pasado 1 de agosto el Ministerio Público puso en marcha la Operación Gavilán contra una red de fiscales, empleados administrativos y policías que se dedicó durante años a eliminar antecedentes penales a cambio de sobornos.

Durante los allanamientos se ocuparon evidencias de los delitos imputados, como dispositivos electrónicos, prueba de transferencias bancarias, armas de fuego, vehículos, dinero en efectivo, cédulas y copias de cédulas.

En la operación participó un equipo de fiscales en conjunto con unidades especiales de la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), quienes realizaron allanamientos en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Independencia y San Pedro de Macorís contra los integrantes de la red.

En el borrado de antecedentes penales, ejecutado por esta red criminal, han sido beneficiados sicarios, narcotraficantes, violadores sexuales, imputados de violencia de género y por adulteración de alcohol, así como por secuestro, llegando esta estructura al extremo de que personas recluidas cumpliendo condena de hasta de 30 años figuren sin antecedentes penales en los registros oficiales.

El grupo fue sometido a la justicia por los delitos tipificados en los artículos 59, 60,123, 124, 166, 167, 174, 175, 177, 265 y 266 del Código Penal Dominicano.

También, por violación a la Ley 41-08 sobre la Función Pública, los artículos 6 párrafo, y 10 párrafo de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y el artículo 3 de la Ley 155-17 en perjuicio del Estado dominicano.

Los citados textos tipifican y sancionan la asociación de malhechores, soborno, cibercrimen y lavado de activos provenientes de los delitos imputados.