Santo Domingo.– Afiliados del Seguro Nacional de Salud (SENASA) fueron cobrados por consultas de telemedicina que nunca recibieron, en un presunto esquema de facturación irregular. Así lo documenta el expediente elaborado por el Ministerio Público en el marco del caso Operación SENASA contra la empresa Grupo Siulrod S.R.L.
La investigación detalla que la empresa fue constituida el 20 de agosto de 2020, con el objeto de ofrecer servicios de medicina, telemedicina, venta de insumos médicos, desarrollo de software, call center y servicios de laboratorio clínico, bajo la gerencia de Ramón Alan Speakler Mateo.
El expediente señala que Rafael Luis Martínez Hazim, aunque no figuraba como socio, actuaba como representante público de la empresa y se presentaba como propietario. Según los documentos, habría estafado previamente a un ciudadano extranjero por 40,000 dólares, mediante la promesa de una alianza de telemedicina que nunca se concretó.
En fecha 9 de junio de 2021, SENASA suscribió un contrato con Grupo Siulrod S.R.L. para la compra de servicios de salud destinados a afiliados del Régimen Contributivo, posteriormente complementado con un addendum el 22 de diciembre de 2021, que incluyó el programa MyCare. Este programa estaba diseñado para seguimiento de pacientes con enfermedades crónicas y tenía cobertura hasta para 10,000 afiliados a nivel nacional.
Sin embargo, auditorías médicas realizadas por SENASA entre enero de 2022 y febrero de 2025 detectaron múltiples irregularidades, entre ellas la facturación de servicios no prestados, incrementos injustificados en los montos autorizados, duplicidad de servicios y autorizaciones incompatibles con el perfil de los afiliados. En una muestra auditada, el 100 % de los afiliados contactados afirmó no reconocer los servicios facturados a su nombre.
El expediente también recoge reclamaciones de afiliados que informaron a SENASA que nunca recibieron atenciones médicas ni servicios de telemedicina en Grupo Siulrod S.R.L., y que desconocían por completo la existencia del centro médico.
Asimismo, entrevistas realizadas por el Ministerio Público a varios afiliados confirmaron que las autorizaciones cargadas a sus pólizas de seguro eran desconocidas, lo que reforzó los hallazgos de las auditorías médicas.
Como resultado de estas investigaciones, el Ministerio Público sostiene que existió un esquema fraudulento de facturación, mediante el cual los imputados Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Speakler Mateo se habrían apropiado de aproximadamente RD$15 millones, a través del cobro de servicios médicos que no fueron brindados.
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Katherine Espino
Katherine Nicole Espino Cuevas. Periodista, locutora profesional y CMM. Máster en Comunicación Política Avanzada por Next Educación (Madrid). Amante de la escritura bien hecha, las historias con sentido humano y las causas sociales. Creo en la comunicación con propósito, en los valores y en...
