Movimiento Justicia Fiscal llama al gobierno a rendir informes sobre plan de austeridad 

Santo Domingo.-El Movimiento Justicia Fiscal llamó la atención al Gobierno sobre la necesidad de que se cumpla lo prometido en el Decreto 499-12, en el que el Estado se compromete a rendir informes financieros trimestrales que den cuenta sobre los resultados del plan de austeridad

“En agosto del 2012 el Gobierno de Danilo Medina promulgó el Decreto 499-12 de austeridad con una vigencia de un año. En su artículo 13 se establece que el Contralor General de la República dispondrá los mecanismos necesarios para constatar el cumplimiento del decreto y se presentarán informes trimestrales financieros institucionales, que permitan evaluar el cumplimiento de la medida. En este sentido, queremos recordar al Ejecutivo el compromiso de rendir dichos informes”, expresa el movimiento ciudadano, en un comunicado de prensa.

Destacan que en el párrafo II del mismo artículo 13 del referido decreto se indica que en “los casos en que sean detectados incumplimientos que hayan implicado erogaciones prohibidas de recursos públicos o, en sentido general, perjuicio económico al erario público, la Contraloría General de la República debe establecer la responsabilidad civil prevista en el artículo 15 de la Ley 10-07, sin perjuicio de la facultad constitucional del Presidente de la República de proceder a la destitución del (de la) servidor (a) público responsable.”

“En el mes de noviembre 2012 se debió presentar la primera evaluación y en el mes de febrero de 2013 se espera la segunda evaluación. Hasta la fecha ninguna ha sido publicada, cuando ha habido denuncias de prácticas que violentan la letra y el espíritu del Decreto”, enfatiza Justicia Fiscal.

El mismo Decreto prohíbe que las entidades públicas centralizadas y descentralizadas, comprometan gastos sin contar con las apropiaciones presupuestarias consignadas en las cuotas de compromiso previamente aprobadas por el Ministerio de Hacienda.

Se prohibieron además, los gastos originados en actividades superfluas, tales como fiestas, agasajos, celebraciones y otras actividades superfluas, así como los gastos en donaciones y obsequios a personas por distintos conceptos.

De igual forma, el Decreto 499-12 dispuso restricciones para la adquisición y sustitución de vehículos, al tiempo que establecía controles para el arrendamiento de instalaciones y locales privados para la celebración de cualquier tipo de actividades, con excepción de entrenamientos, capacitaciones o talleres y actividades formativas.

Dijo que otras medidas se refieren a: ajustes en los gastos de publicidad, los viajes al exterior de los funcionarios, el consumo de energía eléctrica, el uso de materiales, servicios de comunicaciones, asignación de combustible y el uso de tarjetas de créditos.

El Movimiento Justicia Fiscal entiende que la ciudadanía debe conocer los resultados de dichas evaluaciones para despejar dudas sobre la utilización de los recursos públicos.