La noticia recién divulgada de que en el país hay más de un millón y medio de motocicletas, y que de estas, a casi mitad de año, apenas un millar transita de forma legal por las calles del país, revela la necesidad de priorizar a este sector como uno de los grandes ejes de cualquier plan de seguridad ciudadana.
Recuerdo vivamente el anuncio, hecho con bombos y platillos, de que el conductor y cualquier posible pasajero de toda motocicleta que ande por el país, llevara casco con el número de la placa del motor claramente identificada, así como con chaleco reflectado igualmente señalizado con el número de placa.
Esto tanto para garantizar la seguridad de los demás que circulen por calles y aceras, como para que la autoridad pueda efectuar una identificación inmediata, visual o grabada, de quienes circulen en estos aparatos.
Este objetivo requiere en primer lugar que toda motocicleta, al igual que se le exige a carros, camiones, camionetas y demás, circule dotado de chapa de placa y papeles de matrícula.
La incapacidad de la autoridad pública de hacer cumplir esta ley, evidenciado por la permisividad de que más de un millón y medio de vehículos circule ilegalmente, es el causal número uno.
Increíble que con el pago de solo RD$100 para una placa tal cantidad de ciudadanos prefiera violar la ley y permitir confundírsele con los criminales, que usan los motores como su auxiliar primordial para el asalto, robo y sicariato!
La inmensa mayoría de los conductores y propietarios de motocicletas son personas trabajadoras y de bien, sin embargo su renuencia de cumplir con la ley les convierte en cómplices de aquellos que sí salen a delinquir en vehículos sin identificación, especialmente motocicletas.
No permitan que motores y crímenes sigan siendo sinónimos.
