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Prisión preventiva para motorista sorprendido calibrando

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📷 El imputado cumplirá la medida de coerción en la cárcel pública de Najayo Hombres.

San Cristóbal.- El Tribunal de Atención Permanente de San Cristóbal impuso 15 días de prisión preventiva, como medida de coerción, contra un motociclista imputado por conducción temeraria.

El fiscal Napolisandy Briso Viola demostró ante el tribunal los riesgos de que Beyser Vega Bautista intente sustraerse del proceso, de no imponerse la prisión preventiva como medida de coerción.

El imputado Vega Bautista fue arrestado en flagrante delito mientras conducía a alta velocidad. El arresto se produjo en la calle principal del sector Bienvenido, en Cambita Garabito.

La Fiscalía ha establecido que, con estas acciones, Vega Bautista puso en peligro la integridad física y la vida de los ciudadanos de esta comunidad.

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El órgano persecutor del delito le ha dado la calificación jurídica provisional de violación al artículo 220 de la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana, que castiga la conducción temeraria o descuidada.

Por disposición de la jueza Arelys Altagracia Pérez Caamaño, el imputado cumplirá la medida de coerción en la cárcel pública de Najayo Hombres.

Una ley que no prosperó

En el año 2023, el Senado de la República aprobó en primera lectura el proyecto de ley que modifica el artículo 304 de la Ley 63-17, sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana, para convertir en infracción con agravante a quien provoque accidentes por conducir motocicletas levantándolas en una rueda en las vías públicas.

La pieza también establecía sanciones para quienes realicen competencias en vehículos de motor en la vía pública, manejen sin la póliza de seguro correspondiente, excedan los límites de velocidad, o conduzcan bajo los efectos del alcohol o drogas, entre otras faltas.

La iniciativa era del senador Cristóbal Castillo, de Hato Mayor.

Dependiendo de la gravedad de la falta, el juez podría imponer la sanción máxima de prisión y una multa de hasta 100 salarios mínimos del sector público centralizado.

Sin embargo, la pieza legislativa no prosperó.

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