Mipymes denuncian irregularidades en contratos del almuerzo escolar y piden investigación al Inabie

Santo Domingo.- Lo que debía garantizar que miles de estudiantes recibieran diariamente su alimentación escolar se ha convertido, según un grupo de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) suplidoras, en el centro de una disputa por evaluaciones, adjudicaciones y contratos que consideran cuestionables.

Durante una protesta frente al Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), las empresas afectadas reclamaron este lunes que se investiguen las presuntas irregularidades en el proceso de contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y pidieron que se detenga la entrega de anticipos a contratos cuestionados hasta que concluyan las verificaciones.

Elizabeth Berigüete, consultora de mipymes y vocera de los afectados, afirmó que algunas cocinas que fueron adjudicadas estarían entregando alimentos de mala calidad a los estudiantes, mientras empresas que, según sostuvo, cumplieron con los requisitos quedaron fuera del proceso.

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“La mayoría de las que están fuera deberían estar dentro y una gran parte de las que están dentro deberían estar fuera”, puntualizó.

Berigüete estimó en unas 800 las mipymes afectadas, aunque aclaró que el número no es lo fundamental, al tiempo que aseguró reciben quejas desde distintas provincias.

Berigüete sostuvo, además, que las autoridades del Inabie han tenido que suspender varias cocinas, algo que, a su juicio, demuestra que las advertencias formuladas durante el proceso debieron ser tomadas en cuenta.

“Los resultados son amargos, insatisfactorios”, expresó, al referirse a la situación que, según dijo, enfrentan tanto estudiantes que reciben el servicio como las Mipymes que quedaron fuera.

Piden revisar cocinas y puntuaciones

Las Mipymes reclaman que se publiquen los expedientes completos de los oferentes y las evidencias de las inspecciones, así como nuevas inspecciones sin previo aviso.

También solicitaron que sean revisadas las puntuaciones otorgadas durante el proceso de evaluación, debido a que, según argumentan, una variación en un punto puede cambiar la posición de un oferente y, con ello, determinar quién recibe centros educativos y raciones.

Además, pidieron identificar a los beneficiarios finales de las empresas adjudicatarias e investigar los denominados “combos de cocinas”, término con el que describen una presunta concentración de varias cocinas bajo un mismo interés económico.

En el documento presentado durante la protesta, los afectados pidieron una auditoría forense independiente que incluya especialistas en contratación pública, análisis de datos, informática, logística e inocuidad alimentaria.

La propuesta contempla revisar los datos del proceso, visitar las cocinas cuestionadas, recalcular puntuaciones y distancias, identificar beneficiarios finales y seguir el destino de los recursos públicos cuando existan indicios económicos que lo ameriten.

Inabie responde a los cuestionamientos

Frente a estos planteamientos, el Inabie informó que una semana antes de la manifestación recibió a este grupo de suplidores, encabezado por su director ejecutivo, Adolfo Pérez, y un equipo técnico.

La institución explicó que entre los manifestantes hay oferentes habilitados que figuran en el reporte de lugares ocupados de la licitación 2026-2027 y 2027-2028, mientras otros no alcanzaron la puntuación requerida para ser habilitados.

El Inabie indicó que las adjudicaciones estuvieron sujetas a requisitos legales, financieros y técnicos previamente establecidos y que la evaluación técnica otorgaba hasta 80 puntos, mientras la distancia entre las cocinas y los grupos de centros educativos aportaba hasta 20.

"En la licitación del almuerzo escolar participaron 2,644 oferentes, de los cuales 1,729 resultaron adjudicados. Es decir, había más oferentes que adjudicaciones disponibles", indicó el Inabie.

Según la entidad, la asignación se realizó mediante un sistema digital basado en la puntuación obtenida y la ubicación de las cocinas y centros.

La institución también defendió los controles incorporados al proceso, entre ellos fotografías, videos y georreferenciación de las inspecciones, además de mecanismos de debida diligencia para detectar señales de alerta y posibles conflictos de interés.

Esperan respuesta de Contraloría

El Inabie señaló que mantiene una ruta de trabajo para atender las nuevas necesidades de raciones generadas por centros educativos incorporados al PAE después de la contratación.

Para determinar cómo continuar con ese proceso, elevó una consulta formal a la Contraloría General de la República y está a la espera de su pronunciamiento.

Mientras tanto, Berigüete insiste en que las correcciones deben realizarse antes de entregar los anticipos.

“Sí, hemos tenido múltiples reuniones y muchas promesas, pero hasta ahora no tenemos resultados”, manifestó.