Santo Domingo.-El Ministerio Público, que en principio solicitó 18 meses de prisión preventiva contra los 20 implicados en el caso Calamar, fue variando en la medida que algunos de ellos declaraban admitiendo su participación en los hechos imputados; como resultado, varió la solicitud a 14 de ellos, manteniendo la medida sólo a seis implicados, que casualmente son exfuncionarios.

Mantuvo la solicitud de prisión preventiva como medida de coerción contra el exministro de Obras Públicas y anterior candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo; el exministro de Hacienda, Donald Guerrero; el exministro administrativo, José Ramón Peralta; el excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar, Luis Miguel Piccirilo, y a Aldo Antonio Gernasi, del Departamento de Deuda Pública de Hacienda.

En tanto que solicitó arresto domiciliario y garantía económica a los imputados Ángel Lockward, Alejandro Constanzo, Roberto Santiago Moquete, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández, Emir Fernández, Óscar Chalas Guerrero, Rafael Parmenio Rodríguez, Agustín Mejía Ávila, Víctor Matías Encarnación, Claudio Sílver Peña, Julián Omar Fernández, Yajaira Brito y Ramón David Hernández.

La jueza Kenya Romero se reservó para hoy, a las 10:00 de la mañana, dictar su decisión, mientras que en el caso de Ana Linda Fernández de Paula la dictará a las 3:00 de la tarde para permitirle que se someta a su tratamiento de diálisis.

Gonzalo Castillo
El exministro de Obras Públicas, a quien se le atribuye ser beneficiario de dinero ilegal para financiar su campaña, dijo que siempre ha estado dispuesto a atender el llamado de las instancias judiciales y que así se lo hizo saber a la procuradora Miriam Germán por medio de una carta de septiembre del 2020. Fue enfático en señalar su disposición a afrontar cualquier proceso en su contra y que no se eludirá del mismo.

Peralta afirma no hay pruebas en su contra
Declaración. José Ramón Peralta intervino para señalar que lo tienen detenido sin pruebas en su contra, sólo por declaraciones de personas que calificó de “mitómanos, cobardes, de dudosa reputación”.

Dijo que no tiene un peso que no pueda justificar y que siete auditorías avalan su manejo transparente de los fondos públicos. En el turno que agotó en la audiencia de solicitud de medida de coerción, indicó que está dispuesto a comparecer donde se le indique, reiterando que no hay pruebas contra él.

Señaló que no eludirá el proceso y que luchará por restablecer su honor.