Santo Domingo. – La presunta red de corrupción que operó en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) comprometió la solvencia de la institución y el pago a los Prestadores de Servicios de Salud (PSS) con la sustracción de fondos destinados a la reserva técnica de la institución.
Así lo sostiene el Ministerio Público, que acusa al exdirector de la entidad, Santiago Hazim, de liderar la supuesta estructura criminal configurada para sustraer recursos públicos.
En la solicitud de la medida coerción para el exfuncionario y los demás implicados en el caso Cobra, el órgano persecutor señaló que la red operó desde agosto del 2020 hasta agosto de 2025.
El Ministerio Público detalló que los imputados actuaron de forma coordinada y se distribuyeron roles funcionales para la exigencia, recaudación y recepción de sobornos provenientes de contratos capitados suscritos con empresas privadas, para privatizar los servicios de atención primaria de salud, en detrimento del Servicio Nacional de Salud (SNS) y de la Red Única de Servicios Públicos de Salud en el primer nivel de atención.
Asimismo, indicó que con la llegada de Santiago Hazim a la dirección ejecutiva de Senasa, se monopolizó la prestación servicios de atención primaria, a favor de las empresas del Grupo Read: Khersum, S.R.L (Punto Familiar de Salud), Deleste, S.R.L y Farmacard, S.R.L, representadas por el imputado Eduardo Read Estrella, a través de la suscripción de contratos para la compra de servicios de salud, con pagos capitados, sin métodos efectivos de fiscalización y monitoreo.
Según el órgano persecutor, los implicados en la presunta trama crearon una asociación de malhechores en Senasa, con el objetivo de enriquecer su patrimonio a expensas del erario público.
El Ministerio Pública los acusa de coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, falsificación y uso de documentos falsos, delitos de alta tecnología y lavado de activos, en perjuicio del Estado dominicano. Por tal motivo, solicita como medida de coerción 18 meses de prisión preventiva.
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