Ministerio Público posee 789 pruebas para sustentar solicitud de prisión contra 25 imputados del caso Cobra 2.0-A
- Este lunes se conocerá coerción a médicos y exempleados de SeNaSa.
Santo Domingo.- El Ministerio Público cuenta con 789 pruebas para sustentar la solicitud de medida de coerción contra los 25 imputados del caso Cobra 2.0-A, imputados de cometer actos de corrupción mediante los cuales se habrían sustraído fondos públicos del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) para su beneficio.
Entre los elementos probatorios se encuentran 307 pruebas testimoniales, que incluyen las declaraciones de afiliados afectados por la red del caso Cobra 2.0-A; 76 pruebas periciales, entre ellas los exámenes realizados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) con relación al renglón de la firma del afiliado, con los que se evidencia que estas no se corresponden con las firmas y rasgos caligráficos de los afiliados afectados.
También figuran 234 pruebas documentales, 90 materiales y 82 procesales, con las que el Ministerio Público busca sustentar su solicitud de 18 meses de prisión preventiva contra los imputados y que el proceso sea declarado complejo.
Un juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional conocerá este lunes, a las 2:00 de la tarde, la solicitud de medida de coerción contra los implicados en el caso Cobra 2.0-A.
Los imputados son Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova y Lucreisy Polanco Núñez.
Médicos imputados
Entre los médicos imputados figuran ortopedas y traumatólogos como los doctores José Luis Díaz Hernández, Juan Gabriel Rodríguez Ravelo y Wander Manuel Díaz Encarnación, además de la doctora Martha María Saldaña Saldaña.
En el grupo de ginecólogos y ginecoobstetras se encuentran las doctoras Griselda Altagracia Basora Ramírez y Yocaira Antonia Méndez, así como los doctores Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Juan Henry Poueriet, Ray Ernesto Mercedes Lugo, Marcelino Eusebio Figuereo y Engels Federico Díaz Mendoza.
Entre los cirujanos generales figuran los doctores Rafael Mauricio Cabral González, Edwin Alberto Batista Cruz, Einstein Rafael Borromé Valdez y Víctor Felipe Rodríguez García, así como las doctoras Luz Esther Reyes Durán, Elsa Evelyn De La Rosa Vásquez, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar y Laura Altagracia Santana Evangelista.
También figura la gastroenteróloga Ysabel Heredia Vallejo.
El grupo vinculado al caso Cobra 2.0-A permanece recluido en la cárcel preventiva ubicada en la cuarta planta del Palacio de Justicia del Distrito Nacional, a la espera del conocimiento de la medida de coerción.
Según la solicitud de medida de coerción instrumentada por el Ministerio Público contra los imputados del caso Cobra 2.0-A, estos son acusados de cometer asociación de malhechores, falsificación y uso de documentos falsos, así como delitos de alta tecnología, entre ellos acceso ilícito y uso de códigos de acceso, además de lavado de activos, en perjuicio del Estado dominicano. Estos delitos podrían conllevar penas de hasta 10 años de prisión.
Los imputados fueron apresados durante allanamientos realizados en la madrugada del pasado viernes por equipos de la Dirección de Persecución del Ministerio Público y de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
En la solicitud de medida de coerción instrumentada por el Ministerio Público se resalta que la corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el Estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana.
La corrupción destruye la legitimidad de las instituciones, ya que afecta el buen desenvolvimiento de estas y ataca directamente, como un cáncer, a la sociedad, empobreciendo a los pueblos y robando oportunidades a los ciudadanos, quienes disminuyen sus posibilidades de una vida digna. La corrupción es un instrumento que utiliza la criminalidad organizada para materializar sus propósitos, que en este caso es drenar los fondos del Estado dominicano.
De acuerdo con el artículo 8 de la Constitución de la República Dominicana: “Es función esencial del Estado, la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas.”
Sobre el autor
Periodista y abogada con amplia experiencia cubriendo la fuente de Justicia.
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