Ministerio Público pide enviar a juicio a Antonio y Maribel Espaillat, dueños del Jet Set
El próximo miércoles se cumple un año del trágico derrumbe del techo del Jet Set
El colapso del techo dejó 236 muertos y cientos de heridos
SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público solicitó enviar a juicio a los propietarios de la discoteca Jet Set Club, Antonio y Maribel, durante la audiencia preliminar que conoce el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Raymundo Mejía.
El órgano acusador sostiene que existen pruebas suficientes que demuestran la comisión de homicidio involuntario en perjuicio de 236 personas fallecidas y cientos de heridos.
Esta solicitud se produce luego de que el Ministerio Público presentara los detalles sobre las reparaciones realizadas en la edificación de la discoteca Jet Set por los imputados, los hermanos Antonio Espaillat y Maribel Espaillat.
Según la acusación, también se evidenciaron los desperfectos estructurales que provocaron el derrumbe del techo y la agonía de las víctimas que quedaron atrapadas bajo los escombros.
Los fiscales describieron cada acción atribuida a los acusados hasta el fatídico 8 de abril de 2025, fecha en la que murieron 236 personas por homicidio involuntario: 131 fallecieron en el lugar del hecho y el resto en centros de salud. Asimismo, cientos de personas resultaron heridas.
Tras concluir la lectura de la acusación por parte del Ministerio Público, el juez Raymundo Mejía decidió aplazar la continuación de la audiencia preliminar para el día 20, con el fin de escuchar los argumentos de los abogados de las víctimas y de los imputados.
El magistrado explicó que, en esa fecha, la secretaría del tribunal entregará a cada abogado de las víctimas un turno correspondiente para la presentación de sus querellas.
La audiencia preliminar, conocida como el “juicio de las pruebas”, tiene como objetivo que el tribunal determine si envía o no a juicio a los implicados en el caso.
Previo al inicio de la lectura de la acusación, el magistrado Mejía rechazó una solicitud de aplazamiento presentada por el representante legal del Ayuntamiento del Distrito Nacional, quien alegó no estar preparado por no contar con la acusación ni con las pruebas.
A esta petición se sumó el abogado del Ministerio de Obras Públicas, así como representantes legales de dos víctimas.
En tanto, abogados de otras víctimas también solicitaron el aplazamiento de la audiencia preliminar para presentar un recurso de oposición fuera de audiencia contra la decisión del juez que rechazó la realización de un nuevo peritaje a las ruinas de la discoteca Jet Set, solicitada por la defensa de los hermanos Espaillat.
Por su parte, la jurista Ingrid Hidalgo, representante de una de las víctimas, pidió al juez rechazar dicho pedimento, calificando de irresponsable al representante legal del Ayuntamiento por no estar preparado en un proceso donde las víctimas reclaman justicia. Tras su intervención, los presentes en la sala de audiencia aplaudieron.
Respecto al recurso de oposición, la abogada Hidalgo explicó que no es necesario aplazar el proceso para presentarlo fuera de audiencia, ya que el jurista interesado puede depositar el escrito ante la secretaría del tribunal.
Otra abogada se adhirió a esta posición, reiterando que es irresponsable que el representante del Ayuntamiento no esté listo y subrayando la necesidad de avanzar en el proceso judicial en busca de justicia.
El juez decidió no aplazar la audiencia preliminar, argumentando que el proceso ya había sido pospuesto en tres ocasiones para garantizar el derecho de defensa de las víctimas y el debido proceso, señalando además que aún había cuatro víctimas que no habían presentado querellas.
Actualmente, los hermanos Espaillat cumplen una medida de coerción que incluye una garantía económica de RD$50 millones, presentación periódica ante el tribunal e impedimento de salida del país.
De acuerdo con el Ministerio Público, los imputados habrían implementado soluciones paliativas inadecuadas para reducir costos, a pesar de tener conocimiento de graves problemas estructurales en el techo.
Estas fallas habrían sido evidenciadas mediante reportes visuales, fotografías, videos y comunicaciones internas de empleados del establecimiento.
Las investigaciones también señalan que los propietarios sobrecargaron la estructura del techo al instalar sistemas de climatización de gran volumen, incluyendo seis aires acondicionados de entre 15 y 20 toneladas cada uno, además de tinacos de agua, sin contar con estudios técnicos que garantizaran la capacidad del edificio.
La tragedia dejó 236 personas fallecidas, más de 100 heridos y 174 huérfanos.
Sobre el autor
Periodista y abogada con amplia experiencia cubriendo la fuente de Justicia.
