Los imputados eran trasladados en medio de medidas rígidas de seguridad. Duany Núñez
Santo Domingo.-El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión como medida de coerción para el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, y a otros imputados en el caso Camaleón, del que pidió que sea declarado complejo.
El órgano acusador, encabezado por el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, realizó pedimento a la jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Fátima Veloz, durante la audiencia del conocimiento de la medida de coerción.
Los indicios
Asimismo, presentó ante el tribunal una serie de evidencias de las alegadas irregularidades que se cometieron con el contrato de la modernización del sistema de semaforización del Gran Santo Domingo y un supuesto contrato ilegal entre el Ministerio de Defensa y la empresa Aurix, utilizado para usurpar funciones de organismos de inteligencia, seguridad y defensa del Estado.
También fue presentada evidencia relacionada con el sabotaje a la red semafórica en agosto, todos ellos elementos claves del proceso.
Los abogados
En tanto, los juristas Luis Rivas y Laura Acosta, abogados del exfuncionario Hugo Beras, pidieron la libertad pura y simple a favor de su representado, alegando que no se cumple con los presupuestos que justifiquen con la medida de coerción que solicita el Ministerio Público.
También solicitaron la nulidad de la orden de arresto y de allanamiento por haber sido violados principios constitucionales.
El jurista expresó ante el tribunal que la medida de coerción de prisión preventiva no puede convertirse en una pena anticipada.
Rivas dijo que el Ministerio Público manifestó ante el tribunal que el Instituto de Aviación Civil (IDAC) autorizó la transferencia del pago del contrato. Sin embargo, señaló que ni su representado Hugo Beras ni el IDAC tenían esa facultad.
Aseguró que los procedimientos ejecutados por su representado durante su gestión en el Intrant fueron legales dentro del marco de las atribuciones que tenía como titular de esa entidad.
Indicó que el proyecto de semaforización del Gran Santo Domingo no fue una decisión de su representado Hugo Beras, sino desde antes de que fuera designado en el Intrant.
Los encartados
Además de Beras, también están imputados los exempleados de la institución Frank Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras de la institución; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología; José Ángel Gómez Canaán (Jochi), propietario de la empresa Aurix; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero, y Carlos José Peguero Vargas.
El grupo es señalado por el Ministerio Público de pertenecer a una red corrupción del crimen organizado del caso Camaleón, que se dedicaba al desfalco contra el Estado, falsificación, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructuras físicas, robo de identidad, lavado de activos y otros delitos. Los imputados habrían cometido irregularidades en el contrato de Transcore Latam y la institución.
La medida de coerción empezó a ser conocida pasadas las 3:00 de la tarde y poco antes de la media noche, al cierre esta edición de EL DÍA, todavía no había concluido ni se declaraba receso.
Proceso
— Audiencia
La jueza Fátima Veloz inició el conocimiento de la medida de coerción a los imputados del caso Camaleón, pasadas las 3:00 de la tarde, y a las 11:00 p. m. todavía estaba en curso.
Defensa detenidos refuta acusación
Coerción. Los abogados de cinco de las siete personas imputadas en el expediente del entramado de corrupción del caso Camaleón, faltan por refutar las imputaciones presentadas por el Ministerio Público en su contra.
Esto, al cierre de este periódico aún los abogados de cinco imputados faltaban por presentar sus alegados de defensa.
Con relación al caso Camaleón, el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, y la directora de Persecución, Yeni Berenice Reynoso, continúan con las investigación del caso para identificar otros posibles implicados y obtener nuevas pruebas.
El pasado lunes interrogaron al exministro de Defensa, Rubén Darío Paulino Sem, sobre un contrato de colaboración que hizo con la empresa Aurix, del imputado Jochi Gómez.
