SANTO DOMINGO.-Figuras relevantes en la estructuración y ejecución de las acciones calificadas como delictivas por el Ministerio Público en un caso que ya ha alcanzado fama con su denominación de “Calamar”, aún no han sido encartados ni se ha definido en qué condiciones quedarán en el proceso en el que ya hay 20 imputados, de los cuales dos exministros guardan prisión preventiva.

Personas como Ramón Emilio Jiménez Collie y José Arturo Ureña han dejado de manifiesto en sus confesiones que no eran simples peones en la estructura a la que el Ministerio Público le atribuye haber defraudado al Estado con más de 19 mil millones, sino que fueron ideólogos, ejecutores y beneficiarios.

Segundo expediente
Éstos no han sido llevados ante un juez para que allí se declaren culpables, aunque la pena que se les imponga esté condicionada por algún acuerdo de delación con el Ministerio Público. Hasta ahora lo que está planteado es la exclusión pura y simple de una serie de personas que fueron protagonistas del supuesto entramado.

La procuradora adjunta y Directora Nacional de Persecución de la Procuraduría General de la República, Yeni Berenice Reynoso, ha adelantado que habrá un segundo expediente del caso Calamar y que en este serán encartadas otras personas, pero sólo se ha mencionado al diputado Gory Moya, quien por su investidura es objeto de un proceso especial, porque constitucionalmente goza de jurisdicción privilegiada.

Pero no se ha planteado si cuando finalmente se formule la acusación se incluirá a figuras como Ramón Emilio Jiménez Collie, conocido como “Mimilo Jiménez”; José Arturo Ureña, Bolívar Ventura y a un Carlos Julio Montalvo, quien sale a relucir entregando dinero a Mimilo, aunque en cantidades menores.

Varios de ellos son personas conocidas por las esferas judiciales, pues han estado involucrados en otros casos de los cuales han logrado librarse utilizando mecanismos similares a los de ahora: delatar y cooperar.

Su condición de reincidentes en procesos no los ha devaluado ante el Ministerio Público ni les ha cerrado otras oportunidades de librarse “pura y simple” de los procesos judiciales.

Antecedentes
Mimilo Jiménez fue el adjudicatario inicial de un controversial contrato para privatización de los escáneres de revisión aduanal de contenedores en los muelles, el cual luego vendió a terceros, pero que generó escándalos que trascendieron hasta los Estados Unidos y hasta un senador de ese país debió verle la cara el sistema judicial.

Bolívar Ventura, un conocido y controversial contratista del Estado, se libró con el “No ha lugar” dictado a favor del senador Félix Bautista, que estaba acusado de corrupción en su paso por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) y también se libró de ser encartado en el expediente “Medusa” por su cooperación al delatar a varios de los implicados, incluyendo al ingeniero Francisco Pagán, quien decidió seguirle los pasos, pero tuvo que conformarse con una condena reducida como compensación.

El ideólogo
Tanto el relato del Ministerio Público, como los interrogatorios practicados, dejan claro que la estructura que ha dado lugar al caso “Calamar” se inició de la boca del propio Mimilo Jiménez, quien habría sugerido al entonces ministro de Hacienda, Donald Guerrero, hacer uso del mecanismo de pago de expedientes de expropiaciones de terrenos por parte del Estado para de ahí sacar miles de millones de pesos que, según su confesión, iban a parar a los bolsillos de ellos y una parte a financiar la campaña.

El propio Jiménez plantea en su interrogatorio que no veía esa acción como financiación ilegal de la campaña, sino como un procedimiento legal para obtener fondos.

40 Allanamientos
Los realizados inicialmente en la puesta en marcha por el Ministerio Público de la operación Calamar.

“Era poco dinero”
Una parte se la pagaban a los legítimos propietarios, pero otra parte se quedaba en sus manos. Este personaje admite haberse beneficiado de manera directa con 700 millones de pesos sólo por el caso de las expropiaciones y con 148 millones de pesos por el cobro ilegal a bancas de apuestas.

Los volúmenes de dinero que admite haber manejado eran tales, que cuando hace referencia a lo que le entregó Carlos Julio Montalvo, dice que era “poco dinero” porque sólo se refería a unos 20 millones de pesos.

Pero además, luce tan insignificante que ni en el relato del Ministerio Público ni en el interrogatorio, se profundiza sobre las actividades por las cuales Montalvo entregaba dinero y mucho menos aparece entre los encartados.

Confiesa haber recibido 6,457 millones de pesos para entregarlos a financiar la campaña del Partido de la Liberación Dominicana para las elecciones del 2020 y también para apoyar a la precandidatura de Gonzalo Castillo en 2019.

La otra parte de los 19 mil millones de pesos cuantificados por el Ministerio Público se distribuía entre los que pagaban a los verdaderos propietarios para desinteresarlos, con lo que se quedaban abogados intermediarios como el caso de Ángel Lockward, lo que se le daba como “regalos” a otros funcionarios que intervenían en el proceso y “gastos operativos”.

El socio
En todas estas operaciones, Mimilo Jiménez actuaba con un socio que al igual que él no está como encartado en el proceso “Calamar”.

Se trata de José Arturo Ureña, quien al decir de Jiménez, manejaba la operatividad de la mayoría de las empresas a través de la cual actuaban.

Ambos tienen en común el “ser los hijos de…”, lo cual les ha permitido tener ascendencia en figuras públicas y abrirse las puertas que les permitieron accionar en esta estructura descrita por el Ministerio Público. Ambos también llevan los mismos nombres de sus padres, que fueron figuras públicas.

Estado fue estafado con erogaciones
Justicia. El Ministerio Público afirma que es Ramón Emilio Jiménez Collie quien le plantea al ministro de Hacienda la utilización de expendientes de expropiaciones que tenía Fernando Crisóstomo, con lo que podrían atender esos requerimientos, además de beneficiar a la estructura de manera personal. El Ministerio Público identificó 28 casos de expropiaciones para lo que el Estado debió hacer una erogación de RD$31.1 mil millones de pesos.

Explica que ese monto fue proyectado como “deuda administrativa” de los cuales se habrían sustraído 12 mil millones, según consta en la solicitud de allanamiento, copia de la cual tiene EL DÍA.

Señala que Ramón Emilio (Mimilo) Jiménez Collie, José Andrés Familia, Fernando Crisóstomo, Álvaro Jiménez Crisóstomo, Efraín Santiago Báez, José Pablo Ortiz Giraldo, José Arturo Ureña, Juan Alexander Tapia Holguin, Pedro María de Altagracia Veras y Bernardo Rafael Ledesma trabajaban en los procesos de expropiación y cobros ilegales a bancas de apuestas. Indica que de esos montos se destinaba el 3 % para la campaña electoral.

El Ministerio Público asegura que se entregaron unos RD$3,957,000 de esos para el financiamiento ilegal de la campaña, dinero en su mayoría entregado de manera personal por Mimilo Jiménez.

La ascendencia
Mimilo Jiménez es el hijo mayor de uno de los jefes militares más conocidos y controversiales de los primeros doce años de gobierno de Joaquín Balaguer. Su padre, Ramón Emilio Jiménez (Milo), fue secretario de las Fuerzas Armadas, uno de los más influyentes militares de su época, y su nombre ha quedado irremediablemente ligado al de Francisco Alberto Caamaño Deñó porque se le atribuye haber sido el genio militar que dispuso su ejecución.

En tanto que José Arturo Ureña es el hijo del banquero José Ureña, fundador del Banco del Comercio, que posteriormente quebró y fue adquirido por el Banco Intercontinental (Banínter).

También fue fundador del periódico El Siglo, adquirido por Baninter con la fusión y luego cerrado.
Mimilo y José Arturo no sólo se beneficiaron de las fortunas de sus padres, sino que también han tenido la suerte de que hasta ahora, han quedado excluidos de tener que responder ante un juez por sus responsabilidades protagónicas, en lo que se perfila como uno de los casos de corrupción llevados por el Ministerio Público, que implica la mayor cantidad de dinero en la historia para provecho personal y para fines políticos, según el MP.

Sin embargo, todavía falta esperar si serían encartados cuando se formule la acusación formal o si forman parte de la lista de imputados en lo que ya empieza a llamarse “Operación Calamar 2.0”.