El asesinato de Yuniol Ramírez destapó corrupción en Omsa.
SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público inició este miércoles la presentación de la acusación contra los imputados de la muerte del abogado Yuniol Ramírez y de actos de corrupción en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) en la gestión de Manuel Rivas.
El juicio contra los implicados es seguido ante las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que recesaron para el viernes 13.
El principal acusado de la muerte de Ramírez, Argenis Contreras, y los demás implicados del caso de supuesta corrupción en la Omsa comparecieron ante el tribunal para el comienzo del juicio de fondo. El Ministerio Público acusa además a José Mercado (El Grande), Víctor Ravelo Campos (El Herrero), Jorge Abreu, Heidy Peña y Lilian Francisca Suárez Jáquez.
En tanto que por los hechos de corrupción en la OMSA enfrentan cargos el exdirector de esa institución Manuel Rivas y Faustino Rosario Díaz.
La procuradora de corte Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), destacó el avance de la lectura del expediente acusatorio ante el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
“En el día de hoy el Ministerio Público ha iniciado la lectura de la acusación que contiene los cargos y los elementos probatorios en el caso de Yuniol Ramírez contra una serie de implicados que se han sometido en este proceso”, destacó.
Resaltó que la lectura de la acusación está bastante avanzada y que solo restaría una o dos horas de lectura.
Le recomendamos: Caso Yuniol se afloja tras retiro familia
Ortiz adelantó que posteriormente iniciarán las exposiciones de las defensas y luego la presentación de todas las pruebas que indiscutiblemente conducirán a la condena de los imputados.
La representante del Ministerio Público produjo sus declaraciones al responder preguntas de la prensa de la fuente judicial a la salida del tribunal.
Sobre un incidente presentado por la defensa de Manuel Rivas alegando que el Ministerio Público comenzó a leer cosas que le habían excluido a su defendido, dijo que fue fallado a favor del Ministerio Público.
“El incidente fue fallado a favor del Ministerio Público, toda vez que pudimos establecer, valiéndonos del propio auto de apertura a juicio, que la única calificación jurídica que fue excluida fue la de estafa contra el Estado, todos los demás hechos tipificados y demostrados en la acusación, permanecen incólumes y serán demostrados por el Ministerio Público”, apuntó.
Respecto a qué tan amplia es la acusación y cuántos faltan para que se le conozcan, respondió que “estamos en ese proceso, vamos a ver, esperemos, vamos a conocer la acusación”.
Mirna Ortiz representó al Ministerio Público en la audiencia junto a Pedro Frías, Rosa Ysabel, Wagner Cubilete y Elvira Rodríguez.
Las juezas Claribel Nivar Arias (presidenta), Yissel Soto y Clara Sobeida Castillo, luego de concluir la jornada, ordenaron el receso del juicio hasta este viernes 13 de mayo, a las 9:00 de la mañana.
Se recuerda que los familiares del asesinado catedrático Yuniol Ramírez se retiraron como parte acusadora en el proceso que se ventila contra los imputados del hecho ocurrido en 2017.
El abogado y pariente de la víctima, Ramón Ramírez, dijo que la decisión fue tomada porque alegadamente el Ministerio Público ha formulado una acusación para favorecer a los acusados, de lo cual acusaron a la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos y Olga Diná, exfiscal de Santo Domingo Este.
Ramírez Ferreras, quien presidía la Convergencia Nacional de Abogados (CONA), fue hallado muerto con un block de concreto atado a su cuello mediante una cadena, en un arroyo de Hato Nuevo, en Santo Domingo Oeste.
El crimen registrado en octubre de 2017 está vinculado con los actos de corrupción administrativa ocurridos en la entidad gubernamental de transporte.
Luego del hecho Argenis Contreras huyó del país hacia los Estados Unidos, donde fue capturado y tres años después y tras los esfuerzos de la actual gestión de la Procuraduría General, el Ministerio Público logró el pasado año que fuera entregado al país.
