Santo Domingo, RD. – El Ministerio Público depositó formalmente la acusación contra los presuntos integrantes de una red de sicarios dedicada al secuestro y asesinato de personas en la región Este del país, estructura que era dirigida, según las autoridades, por el privado de libertad Esterlin Rikervin Vilorio (alias el Patrón), quien habría planificado y ordenado múltiples hechos delictivos desde prisión.
La instancia, presentada ante la presidencia de la Cámara Penal de Higüey, en la provincia La Altagracia, apoderó al Primer Tribunal Colegiado, que fijó para el próximo lunes el inicio del juicio contra los imputados incluidos en el expediente. Además de Cedeño Acosta (Light), el caso involucra a Reyme Yoan Eusebio Cedeño, Omar Antonio de la Cruz Veras, Pedro Vallejo González y Neifis Neftalí Núñez, este último señalado como la persona que mantenía comunicación directa con Vilorio para coordinar y ejecutar los crímenes.
La Fiscalía informó que cuenta con 53 pruebas, entre estas testimoniales, documentales, periciales, materiales y audiovisuales, que sustentan la acusación contra la estructura criminal.
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Atentado frustrado
De acuerdo con el expediente, Vilorio ordenó el asesinato de Joel de Jesús Rodríguez Durán, quien fue interceptado mientras se desplazaba en su vehículo con cristales blindados hacia una construcción de su propiedad, ubicada en el sector Villa Cristal, en Higüey. La víctima salió ilesa gracias al blindaje del automóvil y a que respondió con disparos, logrando evadir a los atacantes.
Sentencias previas
En diciembre del año pasado, los jueces del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenaron a 33 años y tres meses de prisión a Esterlín Rikervin Vilorio (también conocido como Gafita, el Grande o el Patrón), al encontrarlo culpable de dirigir desde la cárcel de Najayo una red criminal dedicada al secuestro en distintas partes del país. En ese proceso también fue sentenciado José Alberto Santana de la Cruz.
El tribunal impuso además una multa equivalente a 50 salarios mínimos. Asimismo, dictó 30 años de prisión para Robert Havin Jiménez y cinco años para Danni Daniel Díaz, quienes cometían los crímenes haciéndose pasar por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).
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