Ni siquiera el dominicano más iluso cree la idea de que en la República Dominicana la cabeza del Ministerio Público sea independiente y que no reciba órdenes o sugerencias del poder político que produjo su designación hace más de cinco meses.

Tampoco hay que rasgarse las vestiduras porque no lo sea; en cualquier parte del mundo se trata de un estamento que constituye el brazo político de un gobierno, una especie de Ministerio de Justicia.

Lo que sí hay que exigir al Ministerio Público es que, en su rol de defensor de los intereses de la sociedad, al menos, cuide las formas y actúe éticamente en todos los casos y circunstancias.

La Procuraduría General de la República, que lidera la exjueza Miriam Germán Brito, ha actuado con presteza en los casos de violencia de género y agresión sexual, apresando y promoviendo medidas de coerción de reclusión preventiva para los acusados.

Sin embargo, llama a la atención que esa actuación no se expresó cuando ha tocado a dos funcionarios gubernamentales, a quienes sentadas mujeres les hicieron imputaciones.

Aunque revestidos de la presunción de inocencia, Leonardo Faña, director del Instituto Agrario Dominicano (IAD); y Antonio Gómez Díaz, encargado de Aduanas en Santiago, han corrido, hasta ahora, con mejor suerte que muchos que han ido directamente a una prisión. Mientras eso sucedía, durante el fin de semana, la Fiscalía de Santo Domingo Oeste destacaba el hecho de que logró la imposición de prisión preventiva contra un segundo teniente de la Policía Nacional acusado de agresión sexual en perjuicio de dos niñas de 10 y 12 años.

La cuestión es que el Ministerio Público debe medir con la misma vara a las personas que investiga, sean funcionarios o no; su actuación habrá de corresponderse con un adecuado comportamiento ético. Desafortunadamente, el relativismo ha llegado a la política como una especie de plaga mosaica, y parece que la Procuraduría General de la República no es la excepción.

Mucha gente piensa que el ejercicio de la política y del poder consiste en algo sencillo, pero es todo lo contrario, en vista de que entraña una serie de desafíos que van desde lo sociopolítico hasta lo puramente ético.

En su ensayo “La política como vocación”, el sociólogo alemán Max Weber los remarca como cuestiones verdaderamente serias, por lo que plantea que el abordaje debe corresponderse con ese nivel. Según la visión weberiana, unos viven para la política y otros lo hacen para obtener provecho de esa actividad.

El hecho de simpatizar con una determinada causa o un programa político no tiene nada de pecaminoso, lo malo radicaría en apartarse de los valores éticos en el desempeño de una función pública, sobre todo si esta demanda de actuar con justicia y equidad.

Existe la conocida narración referente a que la mujer del César no solo debía de ser honrada, sino parecerlo. Según la historia, Julio César se divorció de Pompeya Sila al poco tiempo de ser ungido emperador de Roma, porque ella asistió a una de las orgías sexuales que se les permitían las damas romanas de la aristocracia en algunas oportunidades.

Anunciado el divorcio, las más conspicuas matronas del patriarcado pidieron al emperador la revocatoria de su divorcio, ya que su esposa había asistido solo como espectadora y no había cometido algún acto deshonesto. Julio César contestó: “La mujer del César no solo debe ser honrada, sino, además, parecerlo”.

En vista de eso, el Ministerio Público no solamente debe proclamarse independiente, sino, fundamentalmente, aparentarlo en esta coyuntura especial que vive el país.