Ministerio Público apelará no ha lugar a favor de José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo en el caso Calamar
Santo Domingo.- El Ministerio Público (MP)apelará los autos de no ha lugar emitidos ayer por el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional a favor de José Ramón Peralta, exministro administrativo de la Presidencia, Gonzalo Castillo, exministro de Obras Públicas, y otros 3 acusados en el caso Calamar.
La decisión del órgano persecutor surge tras el fallo dictado por la jueza Altagracia Ramírez en el marco de la etapa preliminar del proceso penal de la Operación Calamar.
A pesar de la exclusión de los cinco procesados, las autoridades judiciales obtuvieron de manera contundente la apertura a juicio en contra de 35 de los 40 acusados de integrar la presunta red de corrupción administrativa.
El tribunal dispuso el envío a juicio del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, y del abogado Ángel Lockward junto a sus empresas, quienes son señalados por el Ministerio Público como el "eje operativo" de la estructura criminal que defraudó al Estado con más de RD$19 mil millones de pesos.
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), procurador adjunto Wilson Camacho, destacó la apertura a juicio contra el 87.5 % de los señalados como un importante triunfo en la lucha contra la impunidad. No obstante, Camacho enfatizó de manera categórica que la totalidad de los 40 procesados originales en el expediente deben responder ante los tribunales de fondo por la gravedad de los delitos que se les imputan.
Camacho detalló que la jueza dio un "auto de no ha lugar" a favor de uno de los acusados que firmó de puño y letra un documento aportado por el Ministerio Público para cobrar por seis personas distintas, incluyendo a ciudadanos que ya estaban fallecidos.
Asimismo, el magistrado criticó que el juzgado acogiera en la audiencia los testimonios presentados por Ramón Emilio Jiménez (Mimilo), Fernando Crisóstomo y José Antonio Ureña, pero que luego no realizara una ponderación correcta de estas declaraciones al momento de dictar los descargos parciales.
El Ministerio Público reiteró que cuenta con un expediente robusto respaldado por más de 1,278 medios de prueba para demostrar la comisión de desfalco, asociación de malhechores, soborno y financiamiento ilícito de campaña en el juicio de fondo.
El proceso penal
Los acusados, quienes fueron apresados por el Ministerio Público con la puesta en marcha de la Operación Calamar, integraban una estructura que desvió la indicada suma millonaria mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública y sobornos utilizados para financiar la campaña electoral de 2020.
La estructura, además, sustrajo dinero de pagos de deudas a ministerios, implantó un esquema de sobornos sobre los juegos de azar que deben ser regulados por el Ministerio de Hacienda en estricto apego al marco jurídico.
El Ministerio Público en este caso presentó acusación contra personas físicas y varias empresas. El grupo es procesado por incurrir en asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedentes y lavado de activos.
La Operación Calamar se puso en marcha el 18 de marzo de 2023, con la ejecución de 40 allanamientos en el Distrito Nacional, la provincia de Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Romana, en los que participaron 40 fiscales, decenas de técnicos de diferentes unidades de investigación, 300 miembros de la Policía Nacional y un amplio equipo de apoyo administrativo.
leídas
