SANTO DOMINGO.- Los abogados del Ministerio de Educación demostrarán la legitimidad de la ordenanza que “establece la Preparación de Contenidos, Estrategias, Materiales y Recursos para el Aprendizaje”, y estudiarán la decisión que tome el Tribunal Superior Administrativo para apelar el caso.

Luego que Casa Duarte SRL, apoderara al TSA de un recurso para que anulara la ordenanza, el ministro de Educación, Ángel Hernández informó que  eso es parte de una campaña para seguir aprovechando de manera descarada los recursos destinados a la educación pública.

“Durante los últimos años algunos editores han hecho grandes negocios en el MINERD, el último de los cuales, los libros digitales, supera los 5,500 millones de pesos. Y obvio, el año próximo sería mayor el monto. Con la agravante de que muchos de esos textos, con código de acceso, han sido prácticamente inutilizables”, opinó Hernández.

El funcionario afirmó que el negocio de los digitales fue tan grande que la misma casa Duarte le propuso al MINERD imprimir los libros sin costo adicional, y según su representante, hablaba en nombre de todos los editores, lo cual no ha comprobado.

Dijo que la institución tiene desde el 1996 una comisión de libros de textos, orden departamental 5- 96 y editó sus libros durante todo el Plan Decenal y posteriormente.

“El 4% despertó el apetito de suplidores e hicieron múltiples procesos de licitación que sin dudas rayan en mafias organizadas. Aumentaron los precios de los textos inmisericordemente”, insistió.

Dijo que Educación siempre se ha valido de las IES para hacer sus libros, la formación inicial y continua de los docentes, consultorías especializadas, e investigaciones. También a intelectuales independientes.

De ahí que no es ético alegar que se favorece a las IES en el proceso actual. De hecho, en cualquier país dicho organizado son las universidades las entidades más prestigiosas en el mundo intelectual.

Cuestionó que quienes mejores para elaborar los libros de texto que los docentes de las IES y miembros de las academias científicas del país?..

A seguidas aclaró, que la UAPA, desde que llegó al MINERD, no ha participado en ningún proceso de licitación con entidades públicas y se mantiene al margen sin tener impedimento legal alguno.

Un recurso contencioso administrativo establece que el Ministerio de Educación vulnera la Ley General de Educación, la Ley del Libro y Bibliotecas, y los principios de confianza legítima, seguridad jurídica y certeza normativa de la Ley 107-13, al ordenar la producción de nuevos libros de texto, de manera abrupta, luego de finalizar un proceso de evaluación y aprobación de libros que duró desde el 2018 hasta el 2022.