SANTO DOMINGO.-“Cruzar el Niágara en bicicleta” es lo más parecido al proceso para obtener un título de alguna propiedad en el país, lo que mantiene a miles de personas viviendo con la incertidumbre de poseer algún inmueble, pero a su vez están en un limbo legal.
Por lo regular muchos solicitantes desisten luego de invertir tiempo y dinero en legalizar las tierras que han habitado, debido a la burocracia existente.
El proceso va desde pagos en algunas instituciones del gobierno, realización de las mensuras correspondientes y sometimiento a la Jurisdicción Inmobiliaria del Poder Judicial para que dé el visto bueno y se proceda al registro del documento.
En este trajín el propietario puede gastar desde RD$80 hasta los RD$120 mil, dependiendo de la extensión y las características que tenga el inmueble que desea registrar.
Un mal generalizado
La situación no solo afecta a las tierras agrícolas, ya que se estima que entre un 50 a 75 % de los residentes urbanos carecen de derechos formales sobre sus inmuebles, según estudios realizados por organismos internacionales.
Entre los afectados están los miles de beneficiarios de proyectos habitacionales construidos por el gobierno a lo largo de la historia.
Mirando un poco atrás
Gran parte de esos terrenos son producto de ventas hechas por las entidades públicas que heredaron las tierras del Estado que fueron propiedad de Trujillo.
La Reforma Agraria promulgada entre los años 1962 y 1972 jugó un papel importante en la entrega de tierras sin título a los campesinos.
Según un estudio realizado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), solo el Instituto Agrario Dominicano (IAD) había redistribuido alrededor de 409,000 hectáreas, beneficiando a 75,000 familias al cierre de 1990. Con el paso de los años ese número se ha incrementado significativamente más aun cuando se suman las tierras vendidas por el Consejo Estatal del Azúcar (CEA).
