El Día 
A partir de este lunes no se usará el sello “Admitido” sino “Entrada”.
Santo Domingo. – La Dirección General de Migración desautorizó la entrega de permisos a través de carnets a productores Agrícolas de la provincia Dajabón, para dotar de ese documento a haitianos que realizan labores de Agricultura en fincas y parcelas en la zona.
Precisó que indagan la situación en torno a una supuesta entrega de carnet por parte de asociaciones de agricultores, a productores agrícolas, para ser utilizados por los obreros ilegales que les trabajan sus parcelas.
A través de una nota de prensa, el titular de Migración, Venancio Alcántara, dijo que desautoriza a cualquier funcionario, institución o persona que esté realizando este tipo de acciones de manera inconsulta, ya que según explicó las políticas migratorias que está implementando el gobierno se lleva a cabo de manera transparente, objetiva y en el marco del respeto a la Ley y las normas.
«El artículo 6 de la ley 285-04 que rige la materia de migración a través de la Dirección General de Migración, DGM, en la que se prohíbe que institución alguna en el país, pueda autorizar a extranjeros en el territorio nacional a transitar de forma legal. La ley solo faculta a la Dirección General de Migración; esa iniciativa de dotar de carnets los extranjeros haitianos que vienen a cultivar las tierras de los productores y dueños de parcelas y posteriormente se marchan a su país, es ilegal y no tiene validez jurídica alguna», expresó.
Alcántara precisó que están investigando la realidad o no de esta información que ha salido a relucir en algunos medios y redes sociales, donde establece que la identificación o permisos solo serán válidos de manera estricta a nivel municipal y será manejado responsablemente por los empleadores, según ha sabido.
El Director General de Migración, Venancio Alcántara, dejó claro que la misión encomendada por el presidente Abinader, de implementar y ejecutar las políticas migratorias del gobierno, se harán en el marco de la transparencia, la equidad, el respeto a la integridad y a los derechos humanos, como establece la ley 285-04 que rige la materia.
