Periodista Luis García
Algunos hacedores de opinión pública interpretaron como un desafío a la Junta Central Electoral (JCE) la decisión de la dirección del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) de convocar a su Comité Central para oficializar los precandidatos de la organización a las elecciones presidenciales de 2024.
El argumento fundamental radica en que, con esa actitud, violaría preceptos de las leyes Orgánica del Régimen Electoral y de la de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, que regulan las campañas electorales. De esta manera, quienes así opinan, dieron un espaldarazo al comunicado del órgano en el que advertía de eventuales sanciones a agrupaciones y aspirantes si persisten en la realización de campaña política a destiempo.
La verdad es que tendrían la razón esos hacedores de opinión si la posición del PLD no se ve en todo su contexto político amplio. Y justamente, el fundador de esa organización, el profesor Juan Bosch, quien popularizó la expresión martiana de que en política hay cosas que se ven y otras que no se ven, y que las que no se ven suelen, en ocasiones, ser más importantes de que la que se ven en apariencia.
Nadie puede ver la escogencia de la JCE al margen de la política. En este caso, los partidos Revolucionario Moderno (PRM) y Fuerza del Pueblo (FP) ejercieron la mayoría calificada con que cuentan para estructurar un órgano que representa la garantía de la identidad, la soberanía y la democracia del pueblo dominicano, excluyendo deliberadamente al PLD.
Existe un refrán dominicano que dice que manos que dan esperan, por lo que los peledeísta podrían tener sospechas legítimas; tampoco los miembros del órgano electoral deben olvidar su origen.
Una disciplina auxiliar de la ética, la teleología, confiere fundamento teórico a esta sospecha cuando se define como la doctrina de las causas finales. El filósofo griego Aristóteles estableció hace más de 24 siglos que nada en la vida se realiza en vano.
Naturalmente, haría el ridículo alguien que cuestione que la selección de los magistrados Román Jáquez Liranzo, Rafael Armando Vallejo Santelises, Samir Chami Isa, Dolores Fernández y Patricia Lorenzo, fue legal, independientemente de que a los 28 senadores que votaron a favor no les importó que un millón y medio de ciudadanos de los que acudieron a las urnas, en julio de 2020, estuvieran en desacuerdo con esa imposición política. Si bien es cierto el aspecto legal de la decisión, también queda clara su carencia de legitimidad democrática y cuestiona la ética de títeres y titiriteros.
En el siglo XVIII, el filósofo Jean-Jacques Rousseau, planteó el tema de la legitimidad y la importancia de los actos legítimos. Según el Diccionario Electoral, Tomo II, del Instituto Interamericano de Derechos Humanos: “Rousseau asienta la legitimidad sobre el principio de soberanía del pueblo, entendiendo que la manifestación de éste expresa la voluntad general”.
Y agrega: “En el razonamiento de Rousseau, la voluntad general se constituye en la fuente de ley y del poder de establecerla, trasladando al legislador la representación del conjunto del pueblo”.
Entonces resulta obvio, a partir de la abstracción anterior que, al PLD como parte importante de la representación popular, se le debió dar parte en el derecho de estructurar el máximo órgano electoral del país.
En virtud del origen de la escogencia de los miembros titulares y suplentes de la JCE, nada habría de extrañar que los peledeístas sean beligerantes frente a un órgano que no tiene que agradecerles una cena que no necesitó que le pagara en el Senado de la República.
